El ‘caso Kutxabank’ sienta en el banquillo a Mario Fernández

Favores, amigos, puertas giratorias, deslealtad y engaños. El juicio contra el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno socialista en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alkorta, imputados por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco a Cabieces, y que empieza este lunes en los juzgados de Bilbao, tiene todos esos ingredientes, a decir de sus protagonistas. La Fiscalía de Bizkaia considera que los tres actuaron "de común acuerdo" y guiados por el "ánimo de causar un quebranto económico a Kutxabank" y solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal con un delito de falsedad en documento mercantil. Fernández, que nunca negó los pagos, los atribuye, sin embargo, a una "ley no escrita" "vigente durante más de tres décadas" por la cual se buscaba alojo y ayuda laboral a quienes habían estado en la primera línea de la lucha contra ETA.

El caso, que convulsionó la política vasca en enero de 2015, comenzó con la denuncia del actual presidente del banco, Goyo Villalabeitia a su predecesor, Mario Fernández, por colocar al exdelegado del Gobierno, a petición de terceros, "para no hacer nada", con un coste para la entidad financiera, recién fusionada, de un cuarto de millón de euros. Después del periodo de instrucción han cambiado algunas cosas. La juez instructora no tiene dudas de que Cabieces sí tuvo atribuciones en el despacho de abogados de Rafael Alkorta que le acogió laboralmente a instancias de Fernandez. Las dudas se ciernen ahora sobre si la minuta era o no desproporcionada, casi 6.000 euros al mes.

Fernández devolvió al banco la cantidad íntegra abonada por Kutxabank a Alkorta para que a su vez pagara Cabieces, razón por la cual Kutxabank, que abrió la caja de los truenos, ni siquiera se ha personado como acusación particular, pero pese a esa retirada, Fernández ha dicho por activa y por pasiva "que se siente engañado por Villalabeitia". La abogada de la acusación particular Jone Goirizelaia, habitual defensora de los miembros de la izquierda abertzale y de los presos de ETA, ocupará uno de los flancos de la sala en representación de los sindicatos LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, frente a las tesis del exmagistrado de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, que defenderá a Mario Fernández.

Indicios de criminalidad

La primera jornada de desarrollará este lunes en la sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia con el análisis de las cuestiones previas y los días 14, 15 y 17 de febrero se celebrarán las sesiones de la vista. La Audiencia vizcaína confirmó en mayo de 2016 la apertura de juicio oral contra Cabieces, Fernández y Alcorta, acusados de los delitos de administración desleal en concurso con apropiación indebida y falsedad documental, tras la denuncia interpuesta por el ministerio público por los citados pagos. El órgano judicial desestimó los recursos de apelación interpuestos por los imputados y, en su auto, apreció "indicios de criminalidad" en la contratación de Cabieces "de modo innecesario y ajeno" a los cauces de Kutxabank.

El 14 de febrero declararán los tres acusados y los tres primeros testigos citados por la Fiscalía. Al día siguiente, declararán el resto de testigos y peritos y se plantearán el resto de las pruebas, además de las conclusiones finales de las partes. El último día del juicio será finalmente el 17 de febrero, ya que se ha cambiado una de las fechas porque el día 16, previsto inicialmente, no podía asistir la abogada de la acusación particular Jone Goirizelaia. Ese día está previsto el informe de todas las partes y la conclusión del juicio.

En su escrito de acusación, la Fiscalía de Bizkaia considera que los tres acusados actuaron "de común acuerdo" y guiados por el "ánimo de causar un quebranto económico a Kutxabank". Por ello, solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, tres años de cárcel para cada uno de ellos por un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. Además, pide la inhabilitación especial durante el tiempo de condena para el desempeño del cargo de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles en el caso de Mario Fernández y para el ejercicio de la abogacía en el de los otros dos acusados.

La acusación popular pide tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para el expresidente de la entidad financiera, Mario Fernández.

La acusación popular indica que los hechos que se enjuiciarán son constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal, un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 250.1 y 5; 252 y 74 del Código Penal y un delito de falsedad documental de los artículos 27 y 28 del Código Penal.