Dos veteranos y un juez sobrevenido: el tribunal que juzga a Mas

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La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) es el órgano competente para juzgar al expresidente de la Generalitat Artur Mas. Durante los dos años que ha durado la investigación, dos de sus miembros han instruido la causa y otros dos han atendido recursos. Por ese motivo, no pueden tomar parte en la vista oral. Esa circunstancia dejó al TSJC con solo dos magistrados disponibles para celebrar juicio: el presidente, Jesús Barrientos, y Carlos Ramos. Ambos están bregados en cuestiones penales. Son de León, aunque han desarrollado la mayor parte de su carrera en Cataluña. Hubo que buscar, pues, a un tercer juez para completar la terna. El designado fue Eduardo Rodríguez, más joven, nacido en Granollers (Barcelona), que no tenía juicios previstos para la semana del 6 al 10 de febrero. Esta es la breve trayectoria de los jueces que decidirán la suerte de Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

Jesús Barrientos. Como presidente del TSJC, presidirá también el tribunal que juzga a Mas. Por turno, ha sido designado ponente; es decir, que redactará la propuesta de sentencia. Ejerce de juez desde 1985. Tras un breve paso por juzgados de Astorga (León) y San Vicente de la Barquera (Cantabria), recaló en Barcelona. Ha sido magistrado de lo penal y de lo contencioso y, desde 2014, es miembro de la sala civil y penal del TSJC. Ganó la presidencia hace un año advirtiendo que el escenario político en Cataluña planteaba “serias dificultades” en la relación con la Generalitat por el riesgo de “una ruptura con la legalidad constitucional”. Desde que accedió al puesto, sin embargo, ha abogado por evitar la judicialización de política y por hallar soluciones al conflicto mediante, por ejemplo, una reforma de la Constitución. Barrientos pertenece a la asociación de jueces Francisco de Vitoria, una vía intermedia entre la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Jueces por la Democracia.

Carlos Ramos. Dos de las plazas de magistrado en la sala civil y penal del TSJC se cubren a propuesta del Parlamento catalán. Ramos ganó la suya en 2004 con los votos del tripartito de izquierdas –PSC, ERC e ICV-, la abstención del PP y la oposición de CiU. Antes de juez, sin embargo, ejerció como fiscal durante más de 20 años. Y en particular, fue fiscal anticorrupción. Suyas fueron algunas de las investigaciones de mayor calado político relacionadas con la delincuencia económica de los 90: el caso abierto contra el exconsejero de Economía Jordi Planasdemunt; la causa contra el financiero Javier de la Rosa por la descapitalización de Grand Tibidabo, o la investigación por los sobornos del exjuez Lluís Pascual Estevill. De talante progresista, perteneció a la Unión Progresista de Fiscales y más tarde, ya como magistrado, a Jueces por la Democracia.

Eduardo Rodríguez. Es el más joven de los tres (37 años). Nació en Granollers y, tras licenciarse en derecho por la Universidad Pompeu Fabra, accedió a la judicatura en 2007. Ha dirigido un juzgado de instrucción (Vic) y uno penal (Manresa) y, en marzo de 2014, tras conseguir la condición de magistrado, accedió a la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC, donde ha permanecido desde entonces. Su sección está especializada en urbanismo, medio ambiente, transportes, comunicaciones y dominio público. Rodríguez Laplaza compatibiliza sus funciones de magistrado con la de profesor del departamento de organización de empresas en la Politécnica (UPC) de Barcelona.