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OPINIÓN

Sedición

El castigo desproporcionado, según el Constitucional, es un patente derroche inútil de coacción que socava los principios elementales de justicia

Josep Anglada en una foto de archivo.
Josep Anglada en una foto de archivo.

Josep Anglada es el único concejal de Plataforma Viguetana del Ayuntamiento de Vic, que tiene 21 concejales. Militó con Blas Piñar y antes con Fuerza Nueva (grupo fascista durante la transición, relacionado, según algunas informaciones, con los asesinatos de abogados de la calle Atocha de Madrid). Anglada formuló una insólita denuncia preventiva por rebelión y sedición contra el pleno ordinario del Ayuntamiento de Vic “a celebrar el próximo 9 de Diciembre de 2015”. Se iba a debatir una propuesta de moción de apoyo a la resolución del Parlament que había sido invalidada por el Tribunal Constitucional. La denuncia no la presentó ante el juzgado de Vic ni ante los Mossos d’Esquadra que son la policía judicial de Vic. La presentó ante el Mando de Operaciones de la VII Zona de la Guardia Civil, con sede en Barcelona. La insólita denuncia, que llegó inmediatamente a la Audiencia Nacional, se refería a hechos que todavía no se habían producido. Por eso era imprecisa y jurídicamente inconsistente.

Sin embargo el fiscal de la Audiencia Nacional hizo suya la denuncia y la reformuló procurando completar sus irremediables insuficiencias. Se sirvió de los datos del pleno municipal, posteriormente celebrado. En el pleno, el concejal cupaire Joan Coma había propuesto “no supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españolas, y en particular del Tribunal Constitucional, carente de legitimidad y competencia”. Y llamó a la desobediencia, añadiendo que “para hacer la tortilla hay que romper los huevos”, refrán clásico con el que asumía la consecuencia de soportar los riesgos judiciales de la desobediencia. Exclusivamente con estos datos el fiscal concluye que hay indicios de un delito de incitación o provocación a la sedición.

Generalmente, las deducciones conspiranoicas deben ser rechazadas. No son imaginables, ni serían admisibles, conexiones entre Anglada y el Mando de Operaciones de la Guardia Civil, ni entre este y la fiscalía de la Audiencia Nacional. Pero es evidente que esta fiscalía ha “afinado” la insólita denuncia de Anglada, y eso ha ocurrido siendo mando supremo del Benemérito Instituto el ministro que presumía ante el director de la Oficina Antifraude de poder conseguir que la fiscalía afine sus denuncias.

El delito de sedición consiste en un alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza, o fuera de las vías legales, que una autoridad o funcionario cumpla las resoluciones administrativas o judiciales. Según el Tribunal Supremo un alzamiento es un levantamiento, sublevación o insurrección dirigidos contra el orden jurídico establecido o contra el normal funcionamiento de determinadas instituciones. Ha de ser público, esto es, abierto, exteriorizado, perceptible, y tumultuario, tanto si es desordenado o en tropel, como si es organizado y ordenado. Sin ninguna duda, un simple alegato durante un pleno ordinario del Ayuntamiento de Vic no alcanza esas dimensiones de sublevación pública tumultuaria.

Ciertamente, el concejal denunciado no es la reencarnación de Robespierre. Ni siquiera la del alcalde de Móstoles de 1808. No incitó a violentar la actividad de otras autoridades. Simplemente llamó a la desobediencia voluntaria a los demás concejales, para que apoyaran e imitaran al Parlament y Govern. La fiscalía acusa a Forcadell, Homs, Mas, Rigau y Ortega de desobediencia al Tribunal Constitucional, pero nunca de sedición. Sería incoherente que la provocación a imitar su conducta desobediente se persiguiera como provocación a cometer otra conducta distinta mucho más grave, como es la sedición. Sería incoherente y desproporcionado.

El castigo desproporcionado, según el Constitucional, es un patente derroche inútil de coacción que socava los principios elementales de justicia. El fiscal parece que ha secundado, afinado y reformulado la inicial denuncia de Anglada para asegurar el éxito de su acusación, porque la provocación a la sedición siempre es delito, aunque luego no haya sediciosos. Sin embargo, la provocación a la desobediencia, si finalmente nadie desobedece, no es delito, no es nada. El alegato desobediente del concejal cupaire debería ser irrelevante judicialmente.

La acusación del fiscal, desproporcionadamente severa, es jurídicamente más que discutible, innecesaria y por todo ello injusta. Es un derroche inútil de coacción y, consecuentemente, una irresponsable fábrica de independentistas. Alimenta la animosidad del entorno del acusado con razones de victimismo procesal, empujándole hacia espacios imprevisibles y preocupantes. Posiblemente satisfaga a Anglada y los suyos, pero sin duda hará del adversario discrepante un enemigo irreconciliable, y ya se sabe que, como dijo Jacinto Benavente, un enemigo solo empieza a ser temible cuando empieza a tener razón.

José María Mena es ex fiscal jefe de Cataluña.