Otro error urbanístico de 3 millones asfixia la economía de Sanxenxo

El Ayuntamiento Sanxenxo no levanta cabeza, lastrado por los errores de una gestión urbanística y una descontrolada burbuja inmobiliaria que convirtió este pequeño pueblo costero en la capital turística de las Rías Baixas. El último varapalo judicial que obliga a expropiar una parcela en el centro del municipio le costará a las arcas municipales otros 3 millones de euros, más intereses de demora, que el Gobierno tripartito local ya ha admitido que no podrá asumir a corto plazo por falta de presupuesto.

Con las deudas atrasadas derivadas de otras sentencias anteriores que en 2016 sumaron 1,8 millones de euros frente a un presupuesto de 18,6 millones, al alcalde Gonzalo Pita no le ha quedado otra salida que intentar negociar la ejecución de esta última resolución judicial con los afectados, para que esta sea lo menos gravosa posible para el Ayuntamiento, según confirmaron fuentes municipales.

En una reunión mantenida la semana pasada con la familia Rocafort beneficiarios de la expropiación, el regidor de Sanxenxo les ha pedido una tregua de un año (hasta diciembre de 2017) para que, mientras tanto, con los exiguos ingresos del Ayuntamiento se puedan terminar de pagar las otras deudas. Por su parte, el alcalde se comprometió ha abonar a los denunciantes un millón de euros anuales, con cargo al presupuesto de 2018, pero todavía no ha tenido respuesta.

El presupuesto de 2017 está todavía sin elaborar pero hay que asumir los 902.139 euros correspondientes a la última anualidad del pago de la sentencia más voluminosa que ha tenido que afrontar. Además, las reclamaciones de promotoras para devoluciones de impuestos cobrados por el ayuntamiento sobre proyectos que no se llegaron a ejecutar, empieza a ser otra partida importante y con elevados gravámenes por las demoras. Una de ellas, por ejemplo, ha sido de 137.700 euros más 8.870 de intereses.

“El dinero de Sanxenxo lo tendrían que estar disfrutando los vecinos y no los juzgados”, comentó el actual alcalde, Gonzalo Pita, del partido SAL (Sanxenxo Agrupacion Liberal) una escisión del Partido Popular al que logró arrebatarle la alcaldía en las últimas elecciones municipales con el apoyo de los socialistas y un independiente.

“Sabíamos que las etapas pasadas dejarían un lastre económico importante, tanto para la actual legislatura como para las futuras, pero siempre confiamos en que Sanxenxo era un Ayuntamiento con muchos y buenos recursos y que si no fuera por una gestión responsable no hubiese sido posible pagar estas cantidades”, afirmó.

“Estamos siendo muy prudentes ya que tenemos sobre la mesa sentencias muy importantes como esta por lo que el Gobierno tripartito va a seguir trabajando para que sea compatible asumir estas sentencias derivadas de la gestión del Partido Popular con la prestación de unos servicios de calidad, evitando así que las consecuencias las paguen los vecinos”, sentenció Pita.

El regidor espera llegar a un acuerdo con la familia Rocafort después de que los tribunales dictaminaran ya en 2008 que la parcela de la familia (situada en segunda línea de la playa de Silgar), catalogada como zona verde en el Plan de Ordenación, tenía que ser expropiada por el Ayuntamiento. Los denunciantes no lograron revocar el planeamiento para que la finca fuese edificable.

Precisamente el planeamiento urbanístico de Sanxenxo fue aprobado durante el primer mandado de Telmo Martín. El popular, que encabezó la lista más votada en los últimos comicios, lidera ahora el grupo mayoritario de la oposición. Durante los últimos años, el Ayuntamiento gobernado por el PP ha recurrido todos los veredictos de los tribunales sobre el caso Rocafort para retrasar lo que era inevitable, mientras engordaban los intereses de demora que en este contencioso va a superar el medio millón de euros.