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Valencia debate el cierre de su investigación sobre el ‘caso Taula’

El Ayuntamiento pedirá que las comparecencias a las comisiones municipales sean obligatorias

Los miembros de la comisión de investigación del 'caso Taula'.
Los miembros de la comisión de investigación del 'caso Taula'.

La comisión de investigación municipal del caso Taula -un supuesto blanqueo de capitales en el grupo del PP y presunto amaño de contratos municipales- parece condenada al cierre por inanición. La fase de comparecencias fracasó estrepitosamente después de que la mayoría de citados, o no se presentase o, una vez allí, no respondiera a las preguntas. De hecho, una de las conclusiones de los grupos que la forman será promover una reforma legal para que las comparecencias a las comisiones de investigación municipales sean obligatorias como sucede en el Congreso de los Diputados o en las Cortes Valencianas, ha anticipado el edil y presidente de la comisión, Carlos Galiana.

Estta comisión se creó en abril de 2015 para tratar de depurar responsabilidades políticas si las hubiera por el llamado caso Taula. También para introducir nuevos controles o ajustes en la normativa vigente para dificultar las irregularidades en la adjudicación de contratos municipales y un mejor funcionamiento de los grupos municipales. La comisión se creó a propuesta de Ciudadanos.

Los tribunales investigan en estos momentos -el caso Taula tiene muchas piezas separadas-, un delito de presunto blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal del PP de Valencia -9 de los 10 ediles están imputados por ello- y el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de las obras de las Torres de Quart, los puentes de Trinidad y Serranos, de la Mostra de Cine, y del centro cultural de La Rambleta.

La comisión ha sufrido durante sus meses de funcionamiento, primero porque los citados no han colaborado en su mayoría y segundo porque la documentación de los expedientes investigados la tenía el juzgado. El presidente ha tenido que solicitar toda la documentación al juzgado que lleva el caso y, de momento, solo ha llegado el expediente de la La Rambleta, con más de 10.000 folios. El resto están solicitados pero la justicia no los ha devuelto al Consistorio.

"El 31 de enero valoraremos si seguimos pidiendo más documentación al juzgado. Porque las presuntas corruptelas no estarían en esos papeles", ha dicho a la salida de la reunión el presidente de la comisión. Será una reunión a puerta cerrada en la que se tratará el funcionamiento de los grupos municipales; propuestas sobre contrataciones; y conclusiones sobre las comparecencias en la comisión. Se valorará si la comisión se cierra o continúa.

Eusebio Monzó, portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento, opina que la comisión debe cerrarse y que las comparecencias de funcionarios y concejales solicitadas por la comisión han sido injustificadas "porque es la justicia la que debe de actuar", ha dicho. Según Monzó, las citaciones pretendían, ante todo, desgastar a los populares.

Narciso Estellés, del grupo municipal Ciudadanos, se ha mostrado contrariado al término de la reunión de este miércoles. "Hemos venido hoy a sacar conclusiones y hablar del expediente de la Rambleta, y nos encontramos con el debate de si se cierra o no la investigación. Volvemos al punto de partida", ha criticado apuntando en dirección al PP, PSPV y Compromís.

Estellés se ha mostrado partidario de que la comisión prosiga los trabajos y estudie los expedientes que le vayan llegando sobre las contrataciones bajo sospecha. "Toda la fase de documentación está viva. Además se han conocido nuevos datos sobre posibles aportaciones de dinero de grandes empresas a las campañas electorales del PP.  Si hay que dirimir responsabilidades, hagámoslo", ha defendido.

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