Bustos afronta aún siete procesos por corrupción en el ‘caso Mercurio’

La justicia mantiene abiertas aún siete causas penales contra Manuel Bustos, exalcalde socialista de Sabadell. Ninguna de ellas ha acreditado, por ahora, que Bustos cobrara comisiones por adjudicaciones de obra pública, una sospecha que dio origen, hace cuatro años, al caso Mercurio. Pero lo cierto es que las investigaciones han revelado decenas de prácticas corruptas. Uno de los siete procesos que le afectan directamente está a punto de llegar a juicio: el exalcalde pidió al jefe de la policía local que retirara unas multas de tráfico a su familia. Bustos ya fue condenado (a un año y cuatro meses de cárcel) por tráfico de influencias en una de las 38 piezas que integran el caso Mercurio. De éstas, 17 han sido archivadas, según fuentes judiciales.

El 27 de noviembre de 2012, los Mossos d’Esquadra registraron el Ayuntamiento de Sabadell. Un empresario había denunciado que los máximos responsables del consistorio cobraban mordidas del 3% a cambio de adjudicaciones. La Fiscalía Anticorrupción asumió la tesis, de la que por ahora no hay pruebas. Las conversaciones telefónicas entre Bustos y el resto de los implicados, sin embargo, revelaron un reguero de prácticas corruptas que implican al exalcalde, a otros ediles (como su hermano Francisco Bustos) y a personas de su entorno, incluido su tío Melquíades Garrido, constructor.

El Tribunal Supremo ratificó, el pasado febrero, la primera (y por ahora única) sentencia dictada: Bustos y el ex número dos del PSC, Daniel Fernández, fueron condenados por presionar para dar a una excargo del Gobierno tripartito (Carmina Llumà) un puesto directivo en Montcada i Reixac. Lo relevante de la pieza separada es que el tribunal dio por buenos los pinchazos telefónicos, la prueba central sobre la que pivota todo el caso Mercurio.

“Es una buena base para avanzar y lograr nuevas condenas”, afirma Raúl García Barroso, abogado de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce la acusación particular. El resto de las causas avanza a ritmo desigual; algunas aún se investigan, otras están cerca de llegar a juicio o de archivarse. De las siete en las que está involucrado Manuel Bustos, la que va a llevarle en primer lugar al banquillo tiene que ver con las gestiones que realizó para que el exjefe de la policía municipal, José Miguel Duran (también acusado) retirase multas a sus familiares.

“¡Si eso es coger el papel y ya está, hombre!”, dijo Bustos a Duran, persona de su máxima confianza, poco después de que la grúa se llevase su coche al depósito por estar estacionado en una zona de carga y descarga, frente a una guardería. El mando policial dijo que le retiraría la sanción con la excusa de que en la fotografía no se apreciaba bien la señal de tráfico. La Fiscalía acusa a Bustos de tráfico de influencias y pide para ambos penas de prisión.

Otra causa muy avanzada es la número 33, en la que está imputado por omisión del deber de perseguir delitos. En una reunión a la que asistió junto a otros responsables municipales, un empresario explicó que tenía pruebas de que el concejal Jordi Soriano, del PP, cobraba comisiones ilegales. Soriano es una pieza clave del caso y, desde la oposición, aprobó buena parte de las iniciativas de Bustos como alcalde. Pese a las revelaciones, éste no le denunció.

Las otras cinco piezas aún están en fase de instrucción: las irregularidades en la adjudicación de un servicio de recogida de residuos; las gestiones para conceder un canal de televisión a un empresario amigo; las subvenciones de la Federación de Municipios de Cataluña (que presidía) a una fundación sobre inmigración; la colocación de personas afines en organismos públicos del Vallès, y el cobro de dietas en la empresa de aguas de Sabadell.

En medio de un proceso penal que parece no tener fin, Bustos se siente víctima de una conspiración. En una reciente entrevista concedida a TV-3, acusó a los Mossos de “construir” sin pruebas un relato incriminatorio. Insiste en que no se ha llevado “ningún euro al bolsillo” —no hay indicios de que lo haya hecho—, pero soslaya que está involucrado en hechos que, según la investigación, suponen delitos de tráfico de influencias, malversación o contra la administración pública. Y aunque se han archivado 17 piezas del atomizado caso Mercurio, éstas son menores o afectan a personajes y hechos de escasa relevancia.