“La intervención del Gobierno fue beneficiosa porque evitó la quiebra de Valencia”

El socialista Ramón Vilar (Valencia, 1955), licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, ya ejerció de concejal desde 1983 hasta 1991, con Ricard Pérez Casado y Clementina Ródenas. Desde mayo controla la delegación de Hacienda, que depende directamente del alcalde Joan Ribó, de Compromís. La formación València en Comú, que tiene tres ediles, gobierna junto a PSPV-PSOE, que cuenta con cinco, y Compromís, que dispone de nueve.

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Vilar presentará hoy al pleno los presupuestos de la ciudad de Valencia para el próximo año; 786.772.000 euros, 33 millones de euros más que en 2016. Un presupuesto consolidado (incluye organismos autónomos y fundaciones) que asciende a 870.000.000 euros. “De cada 10 euros, 7,6 se destinarán a mejorar los servicios de los ciudadanos, a la creación de empleo y el bienestar social”, ha asegurado Ribó. Es decir, el 76% del presupuesto municipal. Se incrementan los ingresos sin aumentar la presión fiscal a los ciudadanos.

Pregunta. ¿Cómo es posible?

Respuesta. Gestionando mejor. También estamos intentando mejorar la inspección. Por ejemplo, crece el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, la recaudación por concesión de licencias se incrementará en un millón de euros. La inspección y mejora de la gestión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) supondrá 2.200.000 de euros; el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que asciende a 700.000. Vamos a implantar una nueva tasa de telefonía móvil, cuya recaudación prevista, de forma cautelar es de dos millones de euros. Y que como todo el mundo sabe no se trata de una tasa que van a pagar los autónomos ni las pequeñas empresas, sino las grandes compañías.

P. ¿Ha aplicado la cautela presupuestaria, como dice usted?

R. Exacto. Existen ingresos, como el que acabo de mencionar, la nueva tasa, cuya previsión es más alta, de cinco a siete millones de euros, pero que hemos optado por una previsión conservadora. En el mismo caso se encuentra el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat. No hemos presupuestado nada porque estábamos pendientes de que aprobara sus propios presupuestos, pero esperamos que a Valencia le correspondan tres millones de euros.

P. ¿Y la deuda? ¿Se reduce?

R. Siempre hemos dicho que en 2017 estaríamos por debajo de los 600 millones de euros y vamos a lograrlo con toda seguridad. La deuda, cuando llegamos, era de casi 800 millones de euros. Ahora es de 659.337.000, y las previsiones son que no supere los 583.000.000 euros cuando acabe el próximo año.

P. ¿Cómo lo han conseguido?

R. Hemos renegociado la deuda con mejores condiciones de intereses para 340 millones de euros, y prolongado el plazo de amortización. Reestructuramos y renegociamos la deuda. En eso el mercado nos ha beneficiado. Este verano hicimos dos operaciones de swaps [permuta financiera] y transformamos créditos con interés variable en fijo, aprovechando el buen posicionamiento del precio del dinero. En una subasta a la baja en la que intervinieron los principales grupos bancarios de España logramos unos créditos que nos permiten programar el pago de deuda con seguridad y tranquilidad.

P. ¿A cuánto ascienden los ingresos previstos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)?

R. A 234.500.000 euros, sin contar lo que se podría recaudar.

P. ¿Qué quiere decir?

R. Que podemos discutir e incluso admitir que los bienes de cualquier confesión religiosa que están destinados al culto y/o exclusivamente a la atención social, como por ejemplo Caritas, tengan alguna excepción. Lo que no podemos admitir en el siglo XXI es que haya unos privilegios de carácter medieval, confesional, que por una ley, que considero injusta, liberan del pago al que estamos obligados todos los ciudadanos. Y te hablo de grandes negocios en la educación privada. Yo soy socialdemócrata y partidario de que coexistan ambas fórmulas educativas, pero no en condiciones de ventaja para una de ellas.

P. ¿Se refiere a la Universidad Católica?

R. Sí. Es el negocio más grande que hay en Valencia. Un imperio. Y no pagan IBI.

P. ¿Cómo trata el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a Valencia?

R. El Ayuntamiento de Valencia está en condiciones de razonar que se levante la intervención de facto del Gobierno porque estamos cumpliendo con la reducción de la deuda, el gasto, y el periodo medio de pago a proveedores, que antes era de 100 días, ahora es de seis.

P. ¿Se ha pedido?

R. Más de una vez y por acuerdo plenario. No parecen dispuestos. Reconozco que en su momento la intervención fue beneficiosa porque evitó la quiebra de Valencia. Ese era el nivel de despilfarro y de desidia del Gobierno del Partido Popular con las finanzas púbicas. Si políticamente el Gobierno no quiere, el conjunto de los municipios está por unas modificaciones sustanciales que permitan la reinversión de los superávits, que no obliguen a pagar deuda ya llevas una amortización razonable.

P. ¿Reclama autonomía al Estado?

R. Sí, autonomía financiera municipal. Se debe flexibilizar la aplicación de superávits y de mayores ingresos. Es lógico que en el futuro se produzca un cambio sustancial en la ley de financiaciones locales.