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El 21% de los catalanes ha presenciado corrupción de los funcionarios

La ciudadanía aumenta su tolerancia con estas prácticas en relación a 2014

El director de la OAC Miguel Ángel Gimeno.
El director de la OAC Miguel Ángel Gimeno.

El 21,1% de los catalanes asegura haber visto personalmente a algún funcionario comportándose de manera corrupta y el 31,8% de estos afirma que esa actuación de la que fue testigo servía para favorecer a un familiar, amigos, empresas o al mismo trabajador público.

Son datos de una encuesta sobre la corrupción en Cataluña presentados este martes por el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Miguel Ángel Gimeno, en la que se constata un aumento de la tolerancia ciudadana con estas prácticas ilegales. Así, la encuesta revela que el 82,6% considera que la corrupción en Cataluña es un problema muy o bastante grave, mientras que en el barómetro de hace dos años, la cifra era del 88,3%.

Del mismo modo, un 34,6% de los ciudadanos entiende que la corrupción ha aumentado en Cataluña, mientras que en 2014 la cifra era del 53,5% y del 60,8& en 2012. Otro dato que avala que la percepción ciudadana contra la corrupción se ha relajado hay que buscarlo en la financiación ilegal de los partidos políticos. En 2014 había un 55% de catalanes que consideraban la existencia de esa práctica, mientras que la encuesta presentada hoy es del 48,1%.

Hace dos años, el 88,1% de los catalanes opinaron que los políticos no hacían lo que tenían que hacer en la lucha contra la corrupción y ahora la cifra ha descendido al 82,5%. En 2014 otro 90,1% entendía que los políticos no ofrecen suficientes explicaciones de su gestión y en la última encuesta es del 84,6%.

Sin autocrítica por Daniel de Alfonso

Miguel Ángel Gimeno obvió la autocrítica por la actuación de su inmediato antecesor, Daniel de Alfonso, que fue destituido por el Parlament tras revelarse unas conversaciones con el ministro del Interior para perjudicar a políticos independentistas.

La imagen de la Oficina quedó muy deteriorada por ese asunto y Gimeno fue nombrado sucesor con celeridad. Después se supo que De Alfonso dejó paralizados 96 expedientes, la mitad de ellos caducados.

El 66,5% de los ciudadanos cree que el personal al servicio de la administración es bastante o muy honesto y precisan que los servicios públicos donde están más extendidas estas prácticas son las obras públicas (81,4%), el urbanismo (72,8%) y la justicia (56,4%).

Miguel Ángel Gimeno ha abogado por un mayor compromiso de los partidos políticos en revisar sus fórmulas de financiación y para que adopten una "apuesta" decidida contra la corrupción. Antes de dirigir la Oficina Antifraude, Gimeno había sido durante cinco años presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En ese período formó parte como presidente del tribunal que juzgó al exsecretario de organización del PSC Daniel Fernández y el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos en una pieza separada del caso Mercurio de corrupción por haber favorecido la contratación de una funcionaria en el Ayuntamiento de Montcada i Reixach. El tribunal condenó a ambos políticos, pero Gimeno formuló un voto particular en el que defendía que Fernández debía ser absuelto. El Tribunal Supremo confirmó la condena.

Gimeno también presidió el caso que sentó en el banquillo al exalcalde de Lloret de Mar y exdiputado de CiU Xavier Crespo por sus vinculaciones con un mafioso ruso. El TSJC le condenó a nueve años de inhabilitación por soborno y prevaricación y Gimeno formuló un voto particular en el que consideraba que debía ser absuelto por este último delito. El Tribunal Supremo apreció esa interpretación de la ley al estimar el recurso de la defensa construido en base al voto particular de Gimeno. El ahora director de la Oficina ha defendido esta mañana su actuación como juez en el caso de Crespo y ha obviado el asunto de Daniel Fernández.

En otro momento, Gimeno ha asegurado que "intentará" que no le vuelva a ocurrir lo que a su predecesor, Daniel de Alfonso, al que le caducaron decenas de expedientes. Para ello, ha dicho, se ha dado prioridad a los asuntos que estaban a punto de prescribir y se ha reorganizado este organismo que depende del Parlament.

La relajación de la percepción ciudadana contra la corrupción tiene una excepción en la encuesta cuando se pregunta por las empresas y los medios de comunicación. El 69,5% considera que la información que se ofrece sobre los casos de corrupción es poco o nada objetiva, una percepción mucho más elevada que hace dos años, en que era del 58,3%.