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La Fiscalía no investigará al exjefe de Antifraude por el caso de las grabaciones

El ministerio público sostiene que no se ha podido comprobar el origen lícito de los audios con Fernández Díaz

El exjefe de la Oficina de Antifraude, Daniel De Alfonso.
El exjefe de la Oficina de Antifraude, Daniel De Alfonso.

La Fiscalía de Barcelona ha archivado las diligencias que abrió al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, por malversación de caudales, al dudar del "origen lícito" de la grabación de sus conversaciones con el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Según ha informado el ministerio público, la Fiscalía de Barcelona considera que no existen "elementos suficientes" que permitan abrir una investigación sobre la posible utilización de fondos públicos por parte de De Alfonso para fines ilícitos. La Fiscalía de Barcelona tenía abiertas desde el pasado mes de julio unas diligencias contra De Alfonso, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara las denuncias presentadas contra el exministro Jorge Fernández Díaz y el exdirector de Antifraude por las conversaciones en las que ambos hablaban de investigar a políticos independentistas.

La Fiscalía del Supremo, que recibió inicialmente las denuncias por la condición de aforado de Fernández Díaz, pidió a la Fiscalía de Barcelona que investigara si De Alfonso podría haber incurrido en un delito de malversación, por el mal uso de los fondos de Antifraude que podía desprenderse de las conversaciones.

En su decreto de archivo, la Fiscalía de Barcelona da carpetazo al caso en base a un informe policial que concluye que se desconoce "qué persona o personas efectuaron el registro de las conversaciones mantenidas" entre Fernández Díaz y De Alfonso y quiénes las difundieron.

En opinión del ministerio público, no está asegurado el "origen lícito" de las grabaciones, divulgadas por el periódico "Público", por lo que "no se puede conferir plena validez al contenido" de las mismas, a los efectos de abrir una posterior investigación penal.

Por ese motivo, el ministerio público archiva las diligencias por malversación, aunque advierte de que lo hace "sin perjuicio de las comprobaciones que a la propia Oficina Antifraude de Barcelona le corresponda realizar respecto a los gastos contabilizados que sean imputables al anterior director y las conclusiones que de dichas comprobaciones se puedan efectuar".