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El Canal cierra 12 de las 20 filiales que controla en Latinoamérica

El Ejecutivo regional busca simplificar el entramado societario para decidir el futuro de las inversiones del Canal en el exterior

Sede del Canal de Isabel II en Madrid.
Sede del Canal de Isabel II en Madrid.

El Canal de Isabel II ha iniciado su reestructuración en Latinoamérica con el cierre de 12 sociedades de un entramado que engloba a una veintena de firmas. La decisión afecta a empresas con poca actividad o que realizaban trabajos no relacionados con el ciclo integral del agua, según fuentes del ente. El Gobierno regional reflexiona sobre cuál debe ser el modelo de negocio exterior de la empresa, tras verse inmersa en varios escándalos debido a su expansión por Latinoamérica. El propio Ejecutivo ha enviado a la fiscalía la documentación de la adquisición de la sociedad brasileña Emissao, al encontrar “anomalías”.

El Ejecutivo de Cristina Cifuentes continúa “reflexionando” sobre el modelo de negocio que el Canal debe mantener fuera de España, empujado por las polémicas que envuelven algunas de sus operaciones en Latinoamérica. En los últimos meses se han hecho públicas conexiones de dirigentes de la entidad pública madrileña en América con empresas situadas en paraísos fiscales.

El primer paso del proceso de cambio se ha centrado en simplificar el entramado empresarial con la extinción de 12 sociedades ubicadas en Colombia, Venezuela, México, Panamá y Costa Rica. El cierre no afectará, en cambio, a otras ocho en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil. El Canal ingresó 250 millones en 2015 de sus 20 filiales americanas y 860 de sus negocios en España.

Algunas de las sociedades que se extinguen mantenían poca o ninguna actividad, debido a que se dedicaban a ofrecer asistencia técnica para sustentar otras operaciones financieras. Una vez cumplida su misión, “era más complicado cerrarlas que dejarlas sin actividad”. También eliminan varias filiales cuyo trabajo no tenía que ver con el ciclo integral del agua (captación, tratamiento, distribución y saneamiento). Por ejemplo, R&T de Panamá y de República Dominicana, cuyo origen era la lectura y medición de consumo, pero que al mismo tiempo se dedicaban al cobro de tributos. “Hemos decidido que sea cual sea la estrategia futura, esa no es”, dice la empresa pública. Al tratarse de firmas con poco movimiento, la afección sobre los trabajadores es casi nula, asegura. La misma suerte correrá GIS Colombia, que se ocupaba de comercializar bienes y servicios del agua, como compra de contadores, materiales y asistencia técnica.

Entre las afectadas se encuentra también Soluciones Andinas, que nació con la finalidad de adquirir en 2013 la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda. Una compra que el Gobierno del PP ha acabado enviando a la fiscalía, al detectar procedimientos “anómalos” después de examinar la documentación sobre fechas y plazos de compra, además de las fórmulas de pago. La fiscalía aún no ha contestado. El Canal compró Emissao por 21,5 millones y un año después el valor de esta empresa dedicada a la gestión de infraestructuras del agua era de solo 5,1 millones. El Canal estaba presidido entonces por Ignacio González, del PP.

Las supuestas irregularidades de la operación afloraron en la Comisión de Estudio del Endeudamiento que se celebra en la Asamblea de Madrid y que investiga si la gestión y expansión del Canal pueden haber repercutido negativamente en los recursos públicos de la Comunidad. El Ejecutivo de Cifuentes reaccionó tras conocer los datos y el consejo de administración del ente destituyó en junio pasado a la directora financiera, María Fernanda Richmond, así como al director de Recursos, Fernando Cevallos, por “pérdida de confianza”.

 

Paraísos fiscales

 

A pesar de los problemas, el Canal mantiene abierta Emissao junto a otras sociedades como Inassa, con sede en Barranquilla (Colombia), cuyo director gerente hasta abril pasado, Edmundo Rodríguez Sobrino, fue apartado del cargo por el Ejecutivo regional porque compaginaba su puesto con la dirección de compañías en paraísos fiscales. Desde el ente público explican que están “recopilando información”, porque muchos de los negocios que gestionan son concesiones por años determinados y es necesario diseñar una estrategia de salida.

El Canal presta servicio a 9,73 millones de personas, de los cuales 3,10 viven en Latinoamérica. Allí emplea a 3.000 trabajadores.

Los directivos no dan explicaciones en la Asamblea

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) continúan solicitando información sobre las inversiones del Canal, porque consideran que quedan puntos que esclarecer. Pero en ocasiones se topan con la negativa a comparecer de los directivos.

El pasado septiembre, mes en el que se reanudaba la Comisión de Estudio del Endeudamiento, no acudió ninguna de las personas convocadas. Las formaciones políticas pidieron la asistencia a la comisión de Diego Fernández, gerente de Expansión de Inassa, filial del Canal en Colombia, y sustituto de Edmundo Rodríguez (destituido porque compaginaba su puesto con la dirección de compañías en paraísos fiscales); de Adrián Martín, ex director general de la entidad, y de Manuel Jiménez Torrico, exresponsable de obra de un anillo de distribución en la región.

Las peticiones de información se topan también con la legislación, como ha ocurrido con la brasileña Emissao Engenharia e Construcciones, que no tiene obligación legal de someterse a una auditoría contable, según las reglas de aquel país. La legislación mercantil de Brasil establece dos tipos de sociedades anónimas, las abiertas (cotizadas) y las cerradas (no cotizadas), y solo exige auditorías para las que cotizan, que no es el caso de Emissao.

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