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Cinco edificios históricos han sido derribados este año en la capital

El antiguo Taller de Precisión de Artillería y las cocheras de Metro de Cuatro Caminos siguen en el limbo administrativo

Cocheras de Metro en Cuatro Caminos.
Cocheras de Metro en Cuatro Caminos.Kike Para

En lo que va de año, cinco edificios históricos de la capital han sido condenados a la piqueta. Pasan a engrosar una lista en la que figuran la cárcel de Carabanchel, los cuarteles de Campamento o los edificios de Canalejas. En 2016, la tendencia ha continuado: se han derribado inmuebles de interés y el Ayuntamiento ha aprobado la demolición de otros. En el limbo administrativo se encuentran dos casos mediáticos: el antiguo Taller de Artillería de Fernández Villaverde y las antiguas cocheras de Cuatro Caminos. La asociación en defensa del patrimonio exige al Consistorio una posición política clara.

Madrid Ciudadanía y Patrimonio es una asociación en defensa del patrimonio histórico que desde 2009 trata de salvaguardar el legado de la región. Su web alberga un observatorio del patrimonio en peligro. La mayoría de los casos se concentran en la capital, hasta una treintena. La plataforma informa de ellos localizándolos con un icono, que varía de color según su situación. El negro es para aquellos inmuebles o zonas que se han perdido para siempre. De rojo, las que están en riesgo inminente: el frontón Beti-Jai, para el que el Tribunal Supremo obliga a hacer una nueva tasación que elevaría la expropiación a 30 millones de euros, el Palacio de la Duquesa de Sueca o el Edificio España. En naranja, los lugares en observación. Entre ellos aparece aún la Quinta de Torre Arias, un parque que Manuela Carmena abrió al público general el pasado domingo después de que la anterior alcaldesa, Ana Botella, pretendiera cederlo a una institución privada.

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“Nuestro interés es que se cambie la visión del patrimonio, que es un valor irremplazable y que no se regenera”, explica Álvaro Bonet, arquitecto de Madrid Ciudadanía y Patrimonio. En su opinión, el Ayuntamiento es preso de unas dinámicas establecidas en Urbanismo que trascienden a la propia política. “La única forma de parar esas dinámicas es con una defensa política clara”, destaca. Bonet apremia al Consistorio a defender el patrimonio. “Se han mejorado muchos aspectos, pero aún hay algunos vicios de continuismo, por desconocimiento, por falta de toma de decisiones o por temor”. Señala también, a la Comunidad, “que tiene la capacidad de parar los derribos declarando los inmuebles Bien de Interés Cultural”.

El arquitecto de la asociación recuerda que, en ocasiones, el legado desaparece a consecuencia de la inacción, por no impedir que algunos edificios pierdan su protección. Pone como ejemplo la antigua casa de socorro de Huertas, un edificio construido durante la I República y demolido este año. El inmueble fue descatalogado por Urbanismo bajo el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón y “nadie del equipo de Carmena supo verlo” para evitarlo.

Demoliciones de 2016

Además del citado edificio en la calle de Costanilla de los Desamparados, durante 2016, el Ayuntamiento derribó un inmueble del siglo XIX en el distrito Centro para levantar un polideportivo. El Consistorio alegó que la demolición se ajustaba a la legalidad porque nadie había presentado alegaciones cuando se desprotegió en 2005, siendo alcalde Ruiz-Gallardón. La protección arquitectónica y estructural era de nivel 2. Este año también, en la calle de Embajadores, junto a la iglesia de San Cayetano, se demolió una casa profesa con un blasón de los Osorio-Villalobos en la fachada. El inmueble, que se encontraba frente a un palacete del siglo XVII derruido en 2013, era de propiedad municipal y se tiró por estar en ruina inminente. Ante esa situación no se respeta el grado de protección, ya que prima la seguridad de los ciudadanos. El solar resultante, de 712 metros cuadrados, está incluido en el Plan de Gestión Patrimonial y en él se prevé construir un moderno edificio que albergue servicios municipales.

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La asociación de defensa del Patrimonio lamenta que un juez haya dado luz verde a la demolición del Palacio de la Duquesa de Sueca argumentando el mal estado del edificio. En 2013, un juzgado había paralizado su derribo mientras investigaba al Ayuntamiento por un posible delito de prevaricación municipal. “Existen indicios racionales de que los daños sufridos son consecuencia de la falta de conservación y mantenimiento flagrante”, instaba la fiscalía. El palacio, de propiedad municipal, goza de la máxima protección, por lo tanto no va a ser derruido. Fue construido en el siglo XVIII por un discípulo y colaborador de Juan de Villanueva. El Ayuntamiento invertirá 12 millones de euros en su rehabilitación.

Siete edificios desalojados

Además, hace tan solo unos días, el 30 de noviembre, el Ayuntamiento desalojaba siete edificios en la calle Lagasca, en el barrio de Salamanca, por peligro de derrumbe de uno de ellos. Bonet subraya que el inmueble, que estaba siendo rehabilitado, gozaba de una protección parcial por tratarse de viviendas históricas y que los técnicos municipales habían advertido de que se trataba de una ruina física inminente para que fuese derribado. A principios de mes, un operario de 46 años perdió la vida después de que se le cayera encima parte del forjado interior. Fue derruido este sábado.

En las próximas fechas también serán derruidos tres edificios del siglo XIX que conforman un conjunto protegido en torno a la iglesia de San Matías, en el distrito de Hortaleza. La operación se aprobó en mayo con los votos de Ahora Madrid y PP. En su lugar se levantará un polideportivo privado con 300 plazas de aparcamiento. Los vecinos se han manifestado en contra de esa decisión. Fuentes municipales afirman que se sigue escrupulosamente el plan general y que la demolición es posible porque, en su momento, no hubo alegaciones. Ahora, la asociación de defensa del patrimonio se muestra expectante por saber qué va a ocurrir con otros proyectos como el Palacio de Vargas, donde la alcaldesa anunció un instituto de Estudios de Hambre en el Mundo, la rehabilitación del parque del Capricho o de la Quinta de Torre Arias.

Los cooperativistas acuden al Defensor del Pueblo

Las 443 familias que componen la cooperativa que pretende levantar sus viviendas en las antiguas cocheras de Metro en Cuatro Caminos presentaron el viernes una carta en la oficina del Defensor del Pueblo. Solicitan ayuda para desbloquear la situación de "desamparo" en la que dicen encontrarse. Los cooperativistas, que este mes deben pagar 23 millones más por el terreno (costó 88), alegan que ya han presentado al Ayuntamiento los ajustes solicitados por sus técnicos. En mayo, el equipo de Gobierno consideró que el proyecto incumplía el PGOU e instó a Metro de Madrid a adaptarlo. La Comunidad entregó una nueva propuesta en octubre, pero de momento el Consistorio no se ha pronunciado. La asociación Ciudadanía y Patrimonio alega que la construcción de las viviendas es compatible con mantener el taller original de las cocheras: "Solo habría que cambiar el planteamiento, pero los propietarios se niegan".

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