Gallardón expropiará dos edificios ruinosos en Lavapiés

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer el inicio de un procedimiento de expropiación forzosa de dos edificios en ruina del barrio de Lavapiés, en las calles de Embajadores y de Santiago el Verde. Los propietarios de estos inmuebles se niegan a realizar obras de rehabilitación a pesar de que, en los últimos 20 años, el Ayuntamiento les ha advertido una decena de veces de que las casas se podían caer. En ellas viven de alquiler al menos 60 personas. "Los inquilinos que tengan contratos normales y en regla" serán realojados por el Consistorio, pero Urbanismo no sabe aún qué hará con el resto.

La Concejalía de Urbanismo, que dirige Pilar Martínez, admite que es muy probable que en este tipo de infraviviendas haya muchos inquilinos en situación irregular; de hecho, le consta que algunos de los propietarios están "ilocalizables", porque a los responsables municipales les ha sido imposible contactar con ellos para comunicarles la apertura del expediente de expropiación. Sin embargo, Martínez explicó ayer que el Ayuntamiento sólo podrá realojar a aquellos inquilinos "que tengan contratos normales y en regla". Para el resto, aún no ha pensado en una solución. Los costes del realojo tendrá que pagarlos el propietario expropiado, que los descontará del justiprecio a percibir del Ayuntamiento.

Después de expropiarlos, Urbanismo rehabilitará los inmuebles y construirá viviendas o equipamientos. Tampoco sabe qué sucederá con esos pisos nuevos. Martínez anunció que el Ayuntamiento va a crear una Agencia de Rehabilitación de carácter mixto (público-privado). La previsión es que sean empresas privadas las que, una vez expropiados los inmuebles por el gobierno municipal, se encarguen de tirarlos abajo, construir pisos nuevos y revenderlos, obteniendo la correspondiente plusvalía. En ese caso, el Ayuntamiento "tasaría de alguna manera los beneficios máximos que puede obtener la empresa", dijo la edil. Pero no aclaró de qué manera, ni si las viviendas serían de precio protegido (fijado por la Administración) o libre (regido por la ley del mercado).

Terminadas las obras, los inquilinos que hubieran sido realojados podrían reocupar las casas, aunque Martínez no explicó si volverían en las mismas condiciones o si el alquiler se dispararía. Otra posibilidad apuntada por la concejal de Urbanismo es convertir los bloques en dotaciones públicas.

El tipo de expropiaciones que ayer anunció el alcalde no tiene precedentes en Madrid: el Ayuntamiento va a hacer uso por primera vez de la facultad que le da la Ley del Suelo de la Comunidad, aprobada en 2001, para expropiar cuando el propietario del inmueble incumple su deber de conservación del mismo. "Simplemente vamos a aplicar la ley", dijo Ruiz-Gallardón. "La propiedad de un edificio implica derechos y deberes, y uno de éstos es mantener en buen estado el edificio. Si no se hace, el Ayuntamiento debe proceder a la expropiación. Nadie puede reírse de la Administración pública. Por eso esta operación pretende ser ejemplarizante", añadió la concejal de Urbanismo.

El plazo para concluir el proceso administrativo de expropiación será de "uno o dos años". Sólo después se empezará a edificar.

Los edificios en cuestión están en el número 18 de la calle de Embajadores y en el 13 de Santiago el Verde. El primero ocupa una superficie de 712 metros, alberga 12 viviendas -el Ayuntamiento sabe que están ocupadas todas, pero no por cuántas personas- y pertenece a dos propietarios distintos. La primera vez que el gobierno municipal se dio cuenta de que ese inmueble necesitaba ser rehabilitado fue en 1978, y desde entonces los dueños han hecho oídos sordos a 10 peticiones municipales para realizar reformas, lo que ha obligado a los técnicos de Urbanismo a acometer trabajos puntuales de urgencia. Desde hace cuatro años, el edificio está declarado en ruina.

El segundo inmueble, en la calle de Santiago el Verde, tiene una superficie de 700 metros y "varios" propietarios. Allí viven 50 personas en condiciones deplorables, según Martínez. Las advertencias a los dueños para que acometieran la rehabilitación se remontan a 1980, y la declaración de ruina es de 2000. Los propietarios "han incumplido siete órdenes de realización de obras de conservación".

Según los cálculos de Urbanismo, en los distritos de la almendra central (Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamberí, Chamartín y Moncloa) hay 276 edificios en ruina, 839 en mal estado y 1.980 en estado deficiente. Ruiz-Gallardón adelantó que el derecho de expropiación anunciado ayer para Lavapiés se aplicará "en todos los casos en los que el propietario se niegue a cumplir con la obligación de conservar el inmueble en buen estado".

Palacio de Altamira

El gobierno municipal aprobó también ayer la firma de un convenio con el Instituto Europeo de Diseño (IED), propietario del palacio de Altamira, en el número 8 de la calle de Flor Alta (Centro). El palacio, un imponente edificio proyectado a finales del siglo XVII por Ventura Rodríguez y terminado a finales del XIX, lleva una década abandonado. El Plan General de Madrid establece que el Ayuntamiento debe darle un uso cultural y docente, pero el IED lo adquirió hace un año ante la pasividad del gobierno municipal, que alegó que no tenía dinero para comprarlo y rehabilitarlo. Ahora, el IED se compromete a financiar las obras de rehabilitación del inmueble para convertirlo en un centro de diseño internacional, con salas de exposiciones, auditorio y biblioteca de uso público. A cambio, se quedará la titularidad hasta el año 2034, cuando pasará a manos del Consistorio.