Colau abre 32 expedientes a las eléctricas por no respetar los derechos de los usuarios

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto 32 expedientes sancionadores a Gas Natural y Endesa por no informar correctamente a los usuarios de sus derechos antes de cortarles los suministros. El Consistorio está investigando al menos 2.000 casos de este tipo. “Además, hemos interpuesto una multa de 7.000 euros a Endesa por no avisar a un usuario que podía acudir a los servicios sociales antes de proceder al corte”, ha destacado este lunes la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz.

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Ortiz ha asegurado que gracias a medidas de presión como esta “hemos conseguido, por lo menos, que nos envíen un listado de los avisos de corte de suministro antes de que se produzcan. Aún así, el último listado de Gas Natural nos lo entregaron en julio”, ha añadido Ortiz. 

La teniente de alcalde ha exigido al resto de administraciones “dar más pasos contra la pobreza energética” y ha instado a las eléctricas a cambiar sus protocolos de actuación. “Los ayuntamientos nos sentimos solos para abordar los casos de pobreza energética y el protocolo actual es insuficiente", ha añadido Ortiz, quien ha asegurado que el Ayuntamiento gasta tres millones en "intentar abordar las consecuencias de la pobreza energética". "Las empresas deben informar sobre los derechos energéticos de los usuarios y ahora estamos debatiendo con ellas la función social que deben desempeñar", ha añadido. El  Ayuntamiento gasta tres millones en intentar abordar las consecuencias de la pobreza energética y "las empresas deben ser corresponsables”, ha alertado.

Ortiz ha dicho además que el caso de la mujer fallecida en Reus la semana pasada por un incendio provocado por una vela con la que iluminaba su vivienda, "era evitable", con la ley autonómica de medidas urgentes para afrontar la pobreza energética. 

El concejal de vivienda, Josep Maria Montaner, ha pedido por su parte un “frente común” para que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat aborden el problema de la vivienda. “Hay recursos legales y deben haber cambios legislativos que permitan controlar la subida de los alquileres”, ha remarcado Montaner. “Sabemos que la ciudad actuará parando desahucios pero hay peligros como la expulsión de los vecinos y la presión inmobiliaria que debemos afrontar todas las administraciones”, ha remarcado el concejal de vivienda. 

En Barcelona hay una media de sesenta desahucios semanales y el 95% de ellos lo son por impagos en el alquiler. "Tenemos que acabar con esta expulsión”, ha añadido el concejal.