EL FRAUDE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN

Un exconsejero andaluz acusa de ocultación a un alto cargo de Báñez

Ángel Ojeda carga contra el jefe de la Unidad contra el Fraude del Ministerio de Empleo

El empresario y exconsejero andaluz Ángel Ojeda, en 2014.
El empresario y exconsejero andaluz Ángel Ojeda, en 2014.EDUARDO RUIZ

El empresario y exconsejero andaluz Ángel Ojeda es la principal figura investigada en el caso de los cursos de formación por las ayudas de 50 millones que sus sociedades recibieron de la Junta de Andalucía. Archivada la rama política de la macrocausa, Ojeda permanece como el referente imputado de una causa que avanza al ralentí. Ahora el exconsejero ha acusado de ocultación y “omisones palmarias” al jefe de la Unidad Especial de Colaboración y Apoyo a la lucha contra el fraude, Carlos Uruburu, alto cargo designado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

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El Gobierno central, a través de Uruburu, acusó a la Junta andaluza de fraude por subvencionar con un plan especial de 105 millones los cursos de formación para los 1.904 extrabajadores de la multinacional Delphi tras su cierre de 2007. Las subvenciones de la Junta se destinaron a la “simulación de relaciones laborales” para dar a los extrabajadores de Delphi prestaciones “indebidas”, y las nueve entidades –entre ellas varias de Ojeda- que dieron los cursos afrontan multas de Empleo por 8,3 millones.

Ahora Ojeda pide a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, que anule el duro informe realizado por Uruburu en 2014 para su antecesora, la instructora Mercedes Alaya. Tras reunirse con la Guardia Civil, el alto cargo de Empleo censuró las subvenciones que recibió Ojeda del Gobierno autonómico, que en total destinó más de 250 millones. El exconsejero sostiene que Uruburu obtuvo la información de manera ilegal, ya que requirió a sus firmas información como inspector de Trabajo –ámbito administrativo- y finalmente utilizó esos datos para realizar como jefe de la Unidad contra el fraude –ámbito penal- un informe jurídico utilizado para su incriminación en los cursos de formación, sin avisar al empresario de su nueva condición adscrita al ámbito penal.

“El Sr. Uruburu, que pedía documentación a las cinco asociaciones bajo el pretexto de estar realizando una comprobación administrativa, en realidad pedía documentación y usaba dicha documentación para confeccionar los desafortunados y erráticos informes que a la postre sirvieron como fundamento de la imputación penal” de Ojeda. “La prueba obtenida, su valoración y las conclusiones alcanzadas en el informe, son nulas por la vulneración del derecho fundamental a no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable”, añade en su escrito el empresario.

Entre líneas Ojeda desliza una acusación más grave: que el departamento de Báñez designó a Uruburu como jefe de una unidad especial contra el fraude con el objetivo de analizar y potenciar la veintena de causas abiertas en Andalucía por los cursos de formación. Es decir, la utilización de funcionarios con fines políticos desde las instituciones, una realidad que los grandes partidos niegan pero que se ha demostrado veraz en ámbitos jurídicos y policiales durante las dos últimas décadas.

El exconsejero censura a Uruburu por sus “omisiones palmarias”, “meras conjeturas”, su “enorme insolvencia técnica”, sus “elucubraciones carentes del menor soporte” y la poca fiabilidad al elaborar sus informes, ya que se limitó a utilizar como fuente los expedientes de las ayudas facilitados por sus firmas, y obvió los expedientes administrativos de la Junta andaluza y los relativos a la fiscalización y comprobación de los mismos. El informe de Uruburu, elaborado entre noviembre de 2013 y mayo de 2014, tildaba el uso de los fondos públicos por parte de Ojeda como “clamorosas contrataciones ilegales de trabajadores con dinero público”.

Además, Ojeda acusa a Uruburu de ignorar que él no aplicó “sobrecoste” para impartir la formación a los exempleados de Delphi, y que estos son “los más bajos a los que nadie podría haberlos hecho, convirtiendo así tanta sospecha criminal a lo sumo, en simples y explicables irregularidades administrativas”.

El informe de Uruburu denunció que las empresas de Ojeda alquilaron bancos de trabajo de manera supuestamente fraudulenta, pero el empresario le había aclarado información que desactivaba dicho fraude, una información que presuntamente ignoró Uruburu a sabiendas, según denuncia Ojeda. “El dato de partida era radicalmente incierto, pues la tozuda realidad acreditada documentalmente dice lo contrario”, subraya el exconsejero. Durante su declaración judicial como perito, Uruburu manifestó que si había ignorado algún dato, “habría sido por negligencia, no por ocultación (…) el informe no está hecho por mala fe para ir detrás de alguien y no me he guardado nada para perjudicar a nadie”, reza el escrito.

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