La justicia revela un coladero en la regularización de ciudadanos chinos

La sección 22 de la Audiencia de Barcelona ha condenado al dueño de una gestoría, Florencio A., y a 10 de sus colaboradores, por regularizar a centenares de ciudadanos chinos de forma fraudulenta. Los penados lograron el alta de 1.000 personas en la seguridad social a través de empresas ficticias. Los Mossos analizaron pormenorizadamente 233 casos, que la Audiencia pide ahora a la Delegación del Gobierno — la competente en permisos de Extranjería— que revise. De estos ciudadanos penden todas las solicitudes posteriores que se hayan podido tramitar, a través de reagrupaciones familiares o contrataciones de terceros. “Si realmente se realiza esa revisión exhaustiva, es un gran problema para la comunidad china”, avisan fuentes del caso. 

“Algunos están ya nacionalizados”, explica la delegación. Y si no lo están, “son residentes de larga duración”. En estos momentos, la subdelegación de Barcelona, donde se presentaron todas las solicitudes, estudia “las implicaciones de cada caso”, aunque por ahora no se ha llevado a cabo ningún “procedimiento de extinción”, es decir, de retirada de los papeles a los afectados.

La Audiencia también se dirige a la Tesorería General de la Seguridad. Parte de las personas que obtuvieron fraudulentamente permisos de trabajo y residencia, cobraron también como desempleados por trabajos que nunca desempeñaron. “Fácilmente pueden superar los 120.000 euros [la barrera para considerarlo delito]”, asegura Mossos en su informe final de la causa. El Ministerio de Trabajo ha abierto una investigación, pero declina dar detalles “antes de informar al juez”, aduce una portavoz.

La investigación de Mossos, a la que se sumó la Policía Nacional, destapó un verdadero coladero en la regularización de ciudadanos chinos. Lo definieron como “blanqueo de personas”: una “progresiva inmersión de un elevado capital humano, de base administrativamente fraudulenta, en el sistema legal vigente” que llevó a una “perversión generalizada del propio sistema”, concluye la policía catalana, que habla de una “regularización efectiva de una cantidad ingente de inmigrantes ilegales”.

El responsable de esa situación, según recoge la sentencia de conformidad entre las partes a la que ha tenido acceso EL PAÍS, es Florencio A. Este, a través de su gestoría Urquinaona y con varios testaferros, hizo “en los primeros años de la década pasada a cambio de una prestación económica indeterminada [...] contrataciones laborales ficticias” para conseguir ante la subdelegación “autorización de residencia y de trabajo o renovación de las mismas”. Para ello se valió de un entramado de empresas “totalmente inactivas” y “sin actividad comercial alguna”.

Cuando la policía catalana fue a visitarlas, para comprobar si existían, se encontró con solares yermos, con edificios de empresas que no tenían ni idea de esa compañía, con direcciones inexistentes o con la propia gestoría Urquinaona. En total, investigaron 235 sociedades. La policía concluyó que lograron que 327 de sus solicitudes ante la subdelegación de gobierno prosperasen, pero avisó de que se habían visto obligados a delimitar en el tiempo su investigación, porque si no resultaba inabarcable. La primera empresa a nombre de Florencio A. data de 1991.

En el caso, que culminó en 2011 con 46 detenidos, la policía catalana entrevistó a varias personas de origen chino que afirmaron no haber trabajado jamás para las compañías en las que constaban contratados. En algunos casos, ni siquiera las conocían. Los chinos fueron considerados víctimas por su “desconocimiento de la normativa” española, así como por el “sometimiento y dependencia” de los condenados ante el “miedo a no conseguir o mantener la regularización”.

Declararon que habían llegado a pagar 18.000 euros por legalizar su situación. Aunque la cifra media, según el informe de Mossos, eran unos 4.000 euros por un permiso de residencia; unos 1.500 a cambio de un falso padrón, y entre 300 y 600 euros por papeleo de gestión. En total, los condenados pudieron haber ganado entre 5 y 6 millones de euros, concluye la policía.

Todos los condenados por este caso han logrado evitar la cárcel gracias al acuerdo con la Fiscalía. Su líder, condenado inicialmente a tres años y nueve meses de prisión por favorecimiento de la inmigración ilegal, asociación ilícita y falsedad documental, deberá en su lugar pagar una multa durante 105 meses, con una cuota diaria de 3 euros. Al resto, también se le ha conmutado la pena de prisión por multas, con la condición de que satisfagan todas las cuotas y no delincan.