La Asamblea envía a la Fiscalía su informe del Campus de la Justicia

Contrataciones sin llevar a cabo licitaciones públicas, facturas que no están soportadas por ningún contrato, encargo de obras por cantidades millonarias que no se llegaron a construir, gastos disparatados en publicidad y propaganda... El informe elaborado por la diputada socialista Mercedes Gallizo, a petición de la comisión parlamentaria que investiga el endeudamiento de la Comunidad de Madrid y, dentro de él, lo ocurrido en el Campus de la Justicia, da la dimensión del “descontrol” que presidió la empresa pública desde sus inicios. “No solo ha supuesto un importante quebranto para las arcas públicas, sino que ha estado llena de irregularidades administrativas, legales o contractuales”, sostiene. Los diputados del resto de grupos (PP, Podemos y Ciudadanos), que recibieron ayer el documento, podrán incluir modificaciones al estudio.

En 2004, el Gobierno regional decidió reunir en 400.000 metros cuadrados situados en Valdebebas las 21 sedes judiciales de Madrid. Más de una década después, de los 14 edificios previstos solo se ha construido la sede del Instituto de Medicina Legal (conocido como el Donut), sin inaugurar. Cuando se cerró el Campus de la Justicia, en julio de 2014, dejó un patrimonio neto de 25 millones, del total de 130 que le inyectó la Comunidad de Madrid. La comisión parlamentaria ha intentado seguir el rastro a los 105 restantes.

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Proyecto improvisado. Ni siquiera existe una estimación oficial por parte del gobierno del dinero invertido en el Campus, advierte el informe. Cuando se inició el proyecto, se carecía de “una idea global de cómo debía materializarse”, según admitieron varios responsables de la empresa en la Asamblea. Se constituyó una sociedad pública mercantil con un consejo de administración compuestos por altos cargos de la Consejería de Justicia y una pequeña plantilla formada por personas de confianza, sin ninguna experiencia en la gestión de proyectos que, además, se seleccionaron a dedo. Esto provocó que se multiplicase el gasto al contratar a empresas privadas “absolutamente todo”. “Al hacerlo sin control”, añade el informe, “estas contrataciones se convertían en un espacio abonado para el tráfico de influencias”.

Especulación. El informe considera que podría haber existido especulación urbanística. “Se licitaron obras por cantidades millonarias que luego no se hicieron o se completaron a medias”. Al frente de la sociedad, se colocó a Isabelino Baños, que previamente había sido el representante legal de la Junta de propietarios de Valdebebas cuando esta negociaba con la Comunidad de Madrid. Y también había trabajado en Bovis Lend Lease, “a la que acabaría contratando para gestionar la relación con las obras en Campus de la Justicia”, dice el informe.

Contratación. Los parlamentarios han encontrado diversas “irregularidades”, sobre todo porque se prescindió en “numerosas ocasiones” de los procedimientos de publicidad y libre concurrencia y se recurrió “a la contratación directa”. En los casos en los que se convocó licitación pública, “todo estaba condicionado por un grupo de personas que actuaban sin otro control que el que se impusieron ellos a sí mismos”, sostiene el informe. Los diputados han localizado también “numerosas facturas o mandamientos de pago” sin mediar “no ya concurso, sino ni siquiera contrato” o cantidades troceadas en diversas facturas para esquivar el control.

Control de las cuentas. “El descontrol llegó hasta tal extremo que dejaron de presentarse los presupuestos en la Cámara de Cuentas sin que sucediese nada”, dice el informe. Todos los responsables de la empresa creían que “sus predecesores habían dejado irregularidades y no querían cargar con sus consecuencias, como se nos explicó en la comisión”.

Diseño a la última. Las decisiones sobre los edificios no dependían de su funcionalidad, sino del diseño. “A la suma de derroches y despropósitos”, el informe añade el gasto de un millón de euros en premios de un concurso de ideas para desarrollar el proyecto. Pero luego se sacaron a licitación cada uno de los edificios y se contrató al arquitecto Norman Foster para construir otros dos, “al margen de todo concurso”. Se le abonaron 10,6 millones de los 13,3 del total del contrato por unos inmuebles que no se hicieron.

Financiación caótica. “Nunca hubo una previsión global de la sostenibilidad financiera del proyecto”, sostiene el informe. Miguel Giménez de Córdoba, consejero del Campus en 2008, explicó en su comparecencia ante los parlamentarios la razón por la que el metro cuadrado construido se había disparado al doble. La viabilidad económica del proyecto se sustentaba en la venta previa de los antiguos edificios judiciales de Madrid. En 2006 se enajenó el primero, los juzgados de lo social en la calle de Hernani, que se había tasado en unos 38 millones. Se obtuvieron 62 millones, un 60% más. Así “se abandonó lo que yo llamo austeridad catalana”, indicó Giménez de Córdoba y se pasó de construir a 1.000 o 1.100 euros por metro a barajar la cifra de 2.000 o incluso más.