La ley de violencia de género penará las bodas forzosas y la mutilación

El debate lo introdujo el grupo parlamentario de Podemos en la sesión plenaria celebrada el pasado 20 de octubre, con la presentación de una proposición de ley que apoyaron todos los grupos políticos. La diputada Clara Serra defendió la modificación del artículo 2 de la ley actual, que data de 2005, porque en su opinión limita el concepto de violencia machista, que debe de ser mucho más amplio. Habría que incluir en él “el matrimonio forzoso, el tráfico de mujeres, el matrimonio servil o los abortos y esterilizaciones forzosas”, expuso Serra.

En segundo lugar, Podemos propone ampliar los márgenes de los casos en los que se aplica la consideración de violencia de género, porque en España “el asesinato de una mujer precedido de una agresión sexual no está incluido en la normativa” si el culpable es un extraño.

Serra puso como ejemplo el asesinato de la argentina Lucía Pérez, de 16 años, que fue drogada, violada y empalada en Mar del Plata (Argentina) el pasado mes de octubre. “Aquí no habría sido considerada víctima de violencia machista”, porque los asesinos no eran conocidos de la víctima.

Podemos está a favor de englobar todos los casos posibles bajo el concepto de feminicidio (asesinato de una mujer por razón de su sexo), “porque aquí no contamos con ningún término jurídico para ello”. Serra se pondrá en contacto con asociaciones y organizaciones de mujeres para poder incorporar sus peticiones al debate.

La diputada socialista Carmen Martínez Ten se muestra de acuerdo con las consideraciones de la formación de Pablo Iglesias, pero avanza que “limitar la modificación al artículo 2 no es suficiente”, razón por la que su grupo presentará enmiendas. El plazo está abierto hasta el próximo 25 de noviembre. Solo se debatirán en la ponencia, que se creó ayer en el Parlamento regional, las propuestas que se registren hasta esa fecha.

Se parte de una “ley excelente”, pero que tiene “luces y sombras”, considera Martínez Ten. En primer lugar porque, tras casi 11 años de vigencia, nunca “se ha evaluado”, con lo que no se puede determinar cuáles han sido sus puntos más útiles y los que es necesario reformar.

Atención en la educación

Martínez Ten explica que la violencia es la manifestación extrema de la discriminación, por lo que es “imprescindible” prestar una mayor atención a la educación en todos los niveles de la enseñanza y a las campañas de concienciación. “La ley que tenemos ahora así lo prevé, pero apenas se ha desarrollado en los años que lleva en vigor”, explica. Así, “muchos de los pilares básicos de la norma se quedan en meras declaraciones de intenciones”, añade.

Es más, se nota la progresiva desaparición de los programas en los centros escolares y la desaparición de la asignatura Educación para la Ciudadanía, “que quizá no fuera perfecta, pero era el ámbito donde tenían cabida esas medidas de concienciación y sensibilización”, concreta.

Por otra parte, la intención es invitar al debate a las organizaciones de mujeres y alcanzar un pacto. Una medida que también pidió la parlamentaria de Ciudadanos Ana Rodríguez Durán en el pleno del 20 de octubre. Al mismo tiempo, Rodríguez exigió dotar suficientemente las partidas presupuestarias, más recursos en el ámbito judicial, protocolos de intervención para mujeres que retiren las denuncias y activar de forma permanente el plan de sensibilización de violencia de género.

El PP, por su parte, apoyó la propuesta de ley de Podemos y se incorporará al debate, al que todavía le queda mucho camino por delante. La diputada popular Isabel Redondo manifestó que el texto de Podemos le parece “serio”. Con la incorporación del término feminicidio no está tan de acuerdo y puede provocar algún roce, pero “habrá tiempo en las enmiendas para afinar algunos conceptos”.

Según los datos de la Consejería de Políticas Sociales, los casos de violencia machista en la región han disminuido en los últimos años. En 2011 murieron nueve mujeres, seis en 2012, nueve en 2013, siete en 2014, cuatro en 2015 y una este año todavía sin finalizar.

En cuanto a las denuncias interpuestas, la consejería no dispone de datos y se nutre del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.