La Generalitat niega que la detención de Venturós haga peligrar las Cuentas

Esquerra Republicana y el Partit Demòcrata Europeu Català pidieron el lunes a la CUP que no dejara que la detención de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, se convirtiera en un nuevo problema para garantizar la estabilidad del Gobierno catalán. Hoy ha sido el Ejecutivo quien ha reiterado ese planteamiento, al subrayar que el enemigo es el Estado y no los Mossos d'Esquadra ni la Generalitat. El Ejecutivo de Carles Puigdemont hace todos los equilibrios posibles para intentar sacar adelante los Presupuestos de 2017 y no se repita el episodio de junio pasado, cuando los anticapitalistas los vetaron y pusieron en un brete la legislatura.

La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, se ha negado rotundamente a que "una directriz política" pueda torcer el papel de "policía judicial" de los Mossos d'Esquadra, por lo que ha reclamado ser "muy cuidadosos" con a quien se responsabiliza de la detención. Munté ha vaticinado que "lamentablemente habrá más hechos" como el del viernes.

"Espero que no tenga efectos; no podemos caer en ninguna trampa", ha señalado Munté respecto a los posibles efectos que pueda tener la detención de Venturós. El próximo domingo está convocada una manifestación en Barcelona de apoyo a los cargos electos que se encuentran en un proceso judicial abierto.

Tras la reunión semanal del Gobierno catalán, Munté ha recordado también el caso del exconsejero de Presidencia Francesc Homs, después de que el PP, PSOE y Ciudadanos hayan tramitado hoy el suplicatorio en el Congreso para que el Tribunal Supremo pueda actuar contra el aforado por su implicación en la convocatoria de la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Ha utilizado esos casos para reclamar al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que convierta "las intenciones" de diálogo mostradas en los últimos días en "hechos".

En su opinión, el suplicatorio de Homs es una demostración de las contradicciones en las que cae el Ejecutivo español, en el que, en opinión de la Generalitat, habla de "diálogo y empatía" mientras mantiene una posición de judicialización del proceso.