Oposición y trabajadores presionan a Feijóo para que frene una operación de Villar Mir

El gobierno autonómico que designe Alfredo Núñez Feijóo tras su investidura de esta semana tiene ya sobre la mesa una importante decisión que afecta al futuro de la siderometalúrgica Ferroatlántica en la Costa da Morte. La empresa gallega del Grupo Villar Mir se plantea la segregación de las dos fábricas y las seis centrales hidroeléctricas que posee en esta comarca coruñesa en donde es principal generadora de empleo. El comité de empresa de Ferroatlántica ha alertado de que la venta de las centrales por separado “es ilegal” y supondrá el cierre de las fábricas de ferroaleaciones de la que vive prácticamente la comarca.

La Xunta debe decidir si respalda la propuesta de Villar Mir o frena la segregación que garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo cumpliendo con la legislación. Ante la “ausencia de una respuesta clara” por parte del actual conselleiro de Industria, Francisco Conde, a los trabajadores que se han reunido con él, el comité de empresa insta ya a su sucesor, de momento sin designar, a que obligue a la empresa a “cumplir la legislación” que, sostiene, impide la segregación de las fábricas respecto de las hidroeléctricas. Una operación que, ha asegurado el portavoz de los trabajadores, Alfonso Mouzo, la firma pretende realizar para “tapar los agujeros que tiene en OHL”, la potente constructora del grupo.

El comité de empresa alude a dos sentencias, una del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y otra del Tribunal Supremo (TS), que “dejan claro que no se pueden segregar las centrales y las fábricas porque forman una unidad productiva única”. Mouzo sostiene que si la Xunta autorizase esta división, “el PP sería responsable de la ruina” de una comarca deprimida que tiene en Ferroatlántica la única industria potente”. “Sin las centrales estamos abocados al cierre”, asegura.

La falta de una respuesta clara por la Xunta lleva al portavoz de En Marea en el Parlamento galllego, Luís Villares, a sospechar que el conselleiro en funciones de Industria “está ocultando información” si no evidenciando “una absoluta incompetencia”. El magistrado en excedencia sostiene que la segregación no es posible porque la concesión de las centrales vinculaba a estas con la fabricación de ferroaleaciones en tanto que “actuación de interés público”. Un interés que, precisa, “decaería y se podría proceder a su rescate”.

Considera además Villares que el cierre generaría un impacto en el 25% del PIB de la comarca por lo que insta a a Xunta a que adopte “una posición responsable pensando en el interés público” toda vez que el propio gobierno gallego “también apoyó a este complejo industrial”. Villares muestra su preocupación por la “connivencia” del PP con “determinados intereses empresariales” y asegura que posee documentación que evidencia que la venta de las centrales eléctricas iría a parar a un fondo de inversión “que lleva un persona fuertemente vinculada a exaltos cargos” del partido conservador.

En este mismo sentido, el diputado del PSdeG Abel Losada ha cargado contra el “auténtico expolio” de los recursos industriales, productivos y naturales por Ferroatlántica. La empresa llegó a desecar entre 2004 y 2011la cascada del Ézaro, en el río Xallas, por lo que le fue impuesta por un juzgado de Santiago una fianza de 8,5 millones de euros. Losada advierte a la Xunta de que, en el caso de que autorice la segregación “deberá explicar por qué antepone los intereses empresariales de Villar Mir a los intereses generales de la comunidad y de la Costa da Morte”.

El BNG denuncia también el “auténtico expolio” que ha cometido esta empresa “con la complicidad de la Xunta”. La diputada nacionalista Noa Presas reclama al gobierno de Feijóo que impida la segregación y “desvele que ha hablado por detrás con Villar Mir”.

Los populares se muestran cautos. Pendientes de los nombramientos del nuevo Ejecutivo gallego, el portavoz parlamentario Pedro Puy ha vinculado cualquier decisión al nombramiento del nuevo conselleiro de Industria aunque ha manifestado que “hay autorización administrativa para el uso del dominio público hidráulico claramente vinculada a una actividad económico concreta”. Por este motivo cree que “puede haber capacidad administrativa y política para condicionar que se prioricen los empleos”.