Hacienda amenaza a Sánchez Mato con suspenderlo por su plan económico

El departamento que dirige Cristóbal Montoro advirtió el jueves, según ha sabido EL PAÍS, al Ayuntamiento de que incrementar el gasto público, rompiendo el techo de gasto, podría costarle caro. Este incumplimiento, que superaría los 500 millones de euros en dos años, ha sido criticado en varias ocasiones por Hacienda. Pero en este último comunicado le informa de que, de no cumplirse el protocolo, el máximo responsable del área de economía, el concejal Sánchez Mato, podría incurrir en una "infracción muy grave en materia de gestión económica-presupuestaria".

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Para aprobar sus presupuestos, el Ayuntamiento debe tener el visto bueno del ministerio para su Plan Económico y Financiero (PEF). Este documento, que establece la vía por la que prevé recuperar el excedente del año anterior (unos 16 millones), aún no ha sido remitido de forma correcta a Hacienda. Para entregarlo, el Consistorio gobernado por Ahora Madrid tiene que acudir a una aplicación informática en la que debe introducir los números de su proyecto económico, y la suma final tiene que garantizar el cumplimiento de la regla de gasto (el incremento de los gastos municipales no puede superar el porcentaje de crecimiento del PIB nacional). Además, el Ayuntamiento tiene que dejar claro, previa identificación, quién es el responsable de los datos introducidos.

Entrega en formato papel

El ministerio confirma haber recibido el día 6 de octubre "en formato papel" el documento del Ayuntamiento, pero exige que su entrega se realice a través de la plataforma informática. En un comunicado fechado el jueves, advirtió de que "en el plazo de 15 días naturales", el Consistorio debe detallar las medidas de reducción de gasto que "garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto al cierre de 2016".

"La falta de cumplimiento de esta obligación constituye infracción muy grave", concluye la carta, en la que se menciona la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En definitiva, el ministerio sostiene que de no entregarse de forma correcta el plan municipal, el responsable del Área de Economía puede ser suspendido del cargo.

La ley citada en el comunicado de Hacienda reza en su artículo 30, relativo a las infracciones: "Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen, salvo que ya hubiesen cesado, y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y 10 años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente".

Sin embargo, fuentes oficiales del Consistorio sostienen que el problema de la entrega del plan económico y financiero ya se resolvió a través de un acuerdo entre Carlos Sánchez Mato y el ministerio. Parte de ese acuerdo preveía que el Ayuntamiento, siempre según la versión municipal, rellenase los campos de la aplicación informática "hasta donde podía". "El ministerio nos dijo que pusiéramos lo que pudiéramos", explicaron miembros del Área de Economía y Hacienda: "Y todo lo demás se remitiría por correo electrónico".

El planteamiento adoptado por el equipo de Manuela Carmena (Ahora Madrid) fue desde el principio desafiante respecto a las reglas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sus miembros consideran que para evitar recortes en la plantilla municipal solo se puede avanzar en el gasto público, ya que tienen en las arcas dinero que no pueden gastar. El jueves, el mismo Sánchez Mato presentó el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2017. En él, el edil prevé incrementar los números municipales en 215 millones, hasta los 4.702.

Ese aumento, que según su enfoque estará destinado a ampliar el gasto social, no satisface al Ministerio de Hacienda, que hizo pública el mismo día una nota en la que afirmaba que las cuentas "no pueden ser aprobadas, entre otras cosas, porque prevén una ruptura de su techo de gasto de 2014 y 2017 de cerca de 700 millones de euros".

"En caso de falta de presentación, de aprobación o incumplimiento del plan económico y financiero, se activan las medidas coercitivas que contempla la ley", anunció. Estas medidas prevén multas, el envío de expertos o, incluso, la disolución de la Corporación local.