El juez rechaza dar detalles psiquiátricos de la esposa de Grau

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El juez que instruye el procedimiento por supuesto blanqueo en el grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia rechaza revelar los detalles de la situación psiquiátrica de María José Alcón, esposa del exvicealcalde Alfonso Grau y elemento clave en la investigación al haber sido grabada por la Guardia Civil mientras describía la operación delictiva a su hijo por teléfono.

Las defensas de los imputados en esta parte del caso Taula habían solicitado conocer extremos como el historial médico de Alcón y la medicación que le había sido recetada. Con ello, pretenden probar que Alcón no estaba en posesión de sus facultades mentales cuando explicó la operación de blanqueo captada por los investigadores.

Víctor Gómez, instructor del caso Taula, solo admite que las defensas de los imputados en esta pieza separada, que suman medio centenar entre concejales, exconcejales y empleados municipales del Partido Popular, tengan acceso a datos administrativos.

Entre ellos, las fechas en las que Alcón estuvo ingresada en el hospital privado de Aguas Vivas (Valencia), las visitas que recibió durante su estancia y "si por razones organizativas o de tratamiento tuvo limitado de algún modo el libre acceso a su teléfono móvil".

Niega, en cambio, que se revelen otros detalles del tratamiento al considerar que supondría violar la intimidad de Alcón. Esta fue concejal de Cultura con la exalcaldesa Rita Barberá y está imputada junto a su marido en el caso.

Gómez rechaza así que el hospital aporte el historial médics, los motivos por los que estuvo ingresada en el hospital en abril de 2015. El día 15 de aquel mes fue grabada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil explicando a su hijo el conocido como "pitufeo", por el cual medio centenar de miembros del grupo popular habrían ingresado 1.000 euros en una cuenta del partido y habrían recibido el dinero en metálico.

También desestima el magistrado la petición de que el centro indicara si Alcón fue "sometida al llamado protocolo de prevención de suicidios", y la medicación que le fue suministrada.

La defensa de la exconcejal de Cultura había considerado "absolutamente improcedente y lesiva al derecho a la intimidad" de su clienta la petición de los otros acusados. Y había alegado que la propia Alcón había solicitado ser sometida a un análisis médico en el que se refleje su estado de salud.

El magistrado sí ha aceptado la práctica de esta prueba en las condiciones en que lo había solicitado la defensa de la exconcejal. La realizará el Instituto de Medicina Legal de Valencia, y la documentación sobre la trayectoria médica de Alcón solo se entregará al  facultativo que realice el peritaje. El objetivo es que la documentación médica no "se divulgue ni se exhiba a terceros".

La investigación por blanqueo se inició referida a las elecciones de 2015, pero se ha ampliado a los comicios de 2011 y ahora también se indaga un posible delito electoral (financiación ilegal) del partido en Valencia.