Puigdemont quiere ver a Rajoy para negociar el referéndum

Carles Puigdemont, llamará “en los próximos días” a Mariano Rajoy para solicitarle una reunión y plantearle una negociación sobre el referéndum de independencia, pero no acudirá a la próxima cumbre de presidentes autonómicos aún no convocada. Lo anunció este lunes la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, quien admitió en TV3 que su gobierno está “muy lejos” del PP y criticó que “solo se puede hablar de lo que ellos quieren”.

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La llamada de Puigdemont a Rajoy se producirá a finales de esta semana o principios de la próxima, y servirá para volver a plantear a Rajoy las 46 peticiones que ya le entregó el presidente catalán el pasado 20 de abril en su visita a La Moncloa. Munté también aseguró que “por la mala experiencia acumulada”, el Gobierno catalán tampoco se pondrá al frente de la negociación para renovar el sistema de financiación caducado desde hace tres años. La Generalitat se muestra muy recelosa de que un cambio de caras del Gobierno del PP pueda cambiar la dinámica actual porque “hasta ahora no ha dado ninguna posibilidad de entendimiento”. Neus Munté consideró que la elección de Rajoy como presidente es “una mala noticia”.

El Gobierno catalán recalcó hace siete días que que solicitaría una entrevista con Rajoy nada más ser investido. El president ha insistido en su intención de negociar con Rajoy desde que se comprometió a convocar un referéndum para septiembre de 2017 con o son el permiso del Estrado- Rajoy reiteró en el debate de investidura su rechazo al referéndum y señaló que se negaba a participar en ningún "contrato de adhesión". Puigdemont se mantiene firme en su plan.

Así las cosas y con el diálogo institucional roto, el nuevo Gobierno del PP deberá afrontar un año que amenaza con causar el definitivo choque de trenes entre la Generalitat y el Estado. Mariano Rajoy anunció en el debate de investidura que se negaba a participar en ningún “contrato de adhesión”, mientras que Carles Puigdemont mantiene su plan de convocar un referéndum sobre la secesión el próximo mes de septiembre, sea o no pactado.

La más que imprevisible marcha atrás del proceso abierto al expresidente Artur Mas —y a tres consejeros de su Gobierno— y la reciente querella de la fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acotan los márgenes para reconstruir puentes. La tensión aumentará previsiblemente con la tramitación parlamentaria de las tres denominadas “leyes de desconexión”, con más repercusión que las resoluciones independentistas aprobadas hasta ahora por Junts pel Sí y la CUP y anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional

La judicialización del proceso es uno de los principales escollos con los que chocará cualquier intento de reconducir las relaciones. El Ejecutivo catalán acusa al del PP de abrir la vía de los tribunales para amedrentar a los cargos electos independentistas y evitar la vía del diálogo y la negociación. Los populares se escudan en el respeto de la ley y critican los continuos desafíos del frente independentista al Constitucional. Desde la Generalitat se reitera que se volverá a hacer el mismo planteamiento de la consulta pactada y que se pondrán sobre la mesa la lista de 46 reivindicaciones (de más inversiones y respeto a las leyes catalanas) para facilitar el día a día del Ejecutivo autonómico. El Gobierno catalán se niega a asumir como solución una mejora del sistema de financiación.

Tras el no de Rajoy, parece descartado que, como insinuó Puigdemont, se pueda abrir una negociación sobre la fecha de una consulta pactada y permitida, sobre la pregunta y sobre una propuesta alternativa que plantee el Gobierno central.

El conflicto se podría suavizar de la mano del Congreso si este se abre a constituir una comisión para debatir el encaje de Cataluña en España. CDC —ahora denominada Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT)— acudió a las generales con esa demanda en su programa electoral. Pese a las críticas de ERC, que lo contempla como una fórmula de moderar y contemporizar la “hoja de ruta” de Junts pel Sí en Cataluña, su candidato, Francesc Homs, solo pedía una mesa de diálogo en la que cada partido pudiera expresar su opinión sobre el tema.

Negada la mayor, el jueves el PSOE propuso crear una subcomisión para debatir sobre la futura “vertebración” de España, la propuesta que más se asemejaría a la lanzada por los soberanistas, ahora convertidos en una fuerza condenada al Grupo Mixto. Rajoy respondió que “algo habrá que hacer”, pero no dio más pistas de por donde puede ir su estrategia.