Narcís Serra, a un paso de juicio por los sobresueldos de Caixa Catalunya
La Audiencia de Barcelona confirma, después de dos años, que hay indicios para llevar a juicio al expresidente de la entidad


La Audiencia de Barcelona ha tardado dos años en resolver el recurso que el expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, interpuso para evitar ir a juicio por los sobresueldos que cobró de la entidad. El tribunal ha ratificado, ahora, que existen indicios suficientes de delito y ha confirmado la decisión tomada por el juez que investigó el caso de sentar a Serra en el banquillo de los acusados. Junto a él estarán el exdirector general de la entidad, Adolf Todó, y otros exdirigentes de la extinta caja de ahorros. La Fiscalía Anticorrupción deberá solicitar ahora las penas de prisión que estime oportunas para los exdirectivos.
La causa partió de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Serra y Todó por la aprobación, en octubre de 2010, de resoluciones que aumentaron el salario de los directivos. La subida del sueldo se hizo pese a que la entidad se encontraba ya en una situación crítica que le había obligado a solicitar un préstamo de 1.250 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Tras investigar el caso y citar a declarar a los directivos, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona dio por cerrado el caso y en diciembre de 2014 y apreció suficientes indicios para ir a juicio.
Los directivos aprobaron los sobresueldos "en perjuicio y desprecio" de la entidad y de los intereses generales. Los aumentos de sueldo, insistió, excedían "la prudencia" en un momento en el que la entidad era sostenida "con dinero público de todos los contribuyentes". Además del expresidente y el exdirector general, se mantienen procesados por un delito de administración desleal una cuarentena de miembros del consejo de administración que aprobaron esas remuneraciones extraordinarias. Todos ellos recurrieron el auto de procesamiento del juez ante la Audiencia de Barcelona que, ahora, lo ha desestimado.
En un auto al que ha accedido EL PAÍS, la Sección 21ª de la Audiencia de Barcelona concluye que "del resultado de las diligencias de instrucción se desprenden indicios suficientes" de delito. Los directivos aprobaron aumentos de sueldo que "no eran acordes a la situación real de la entidad" y "con abuso de su cargo".
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