Los estafados por el cierre de la paquetería OGC reclaman 1,1 millones

Desde que estalló el caso, la Embajada de Ecuador en España ha prestado asesoría jurídica a sus compatriotas. La intención era canalizar las denuncias y presentarlas de forma conjunta. “Entendemos que debemos concurrir en beneficio de nuestra comunidad cuando sus derechos están vulnerados, aunque sea un caso privado”, ha explicado Miguel Calahorrano, embajador en España durante una rueda de prensa. Ha estado acompañado por la viceministra ecuatoriana de Movilidad Humana, Esther Cuesta y la abogada Cynthia Favero. La jurista ha subrayado que la querella se entregará en los próximos días y que la Audiencia Nacional anunciará en un plazo de uno a tres meses si la admite a trámite. “El objetivo no es solo que se castigue a los culpables, sino también recuperar las pertenencias”. La semana pasada, la policía entregó 75 de los 79 paquetes que permanecían en una nave de Mallorca. En Madrid, los 3.231 bultos denunciados comenzarán a ser devueltos a partir del 7 de noviembre.

Los damnificados se organizaron en marzo a través de las redes sociales para recuperar sus pertenencias. Algunos de ellos habían mandado a su país bienes por un valor superior a los 35.000 euros y temían perder el fruto de años de trabajo. “Es una inversión material y emocional”, ha matizado hoy la viceministra. Según los cálculos de los afectados, se han registrado más de 1.000 denuncias particulares por un supuesto delito de estafa, al que se podría añadir otro por evasión de impuestos en Ecuador (1.500 denuncias registradas allí) ya que, supuestamente, OGC mandaba como menaje de hogar (desde 2009, exento de impuestos para migrados que deseen regresar al país) objetos que realmente no lo eran. En el país latinoamericano han sido detenidas 14 personas, entre ellas los dos propietarios de la empresa, que permanecen en prisión preventiva. Se les acusa de beneficiarse de las ventajas fiscales que Ecuador ofrecía a los emigrantes que retornaban de forma permanente.

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Meses de retraso

OGC cobraba 4,5 euros por cada kilo, siendo 30 la cantidad mínima que se admitía para mandar a Ecuador, el único país al que se enviaban las remesas. Además, era obligatorio especificar que los objetos eran usados. Ese es el motivo por el que muchos afectados carecen de facturas para demostrar la propiedad de sus bienes. La investigación entiende que el objetivo era evitar el pago de tasas de aduana. El compromiso de la empresa era entregar en mano los paquetes en un plazo de 90 días, aunque algunos de los clientes acumulaban meses de retrasos en el momento de su cierre repentino.

Los problemas de la compañía no acababan ahí. Además, adeudaba los salarios de los últimos tres meses a sus 90 empleados (una treintena en Madrid). Ellos fueron los que pusieron en alerta a sus compatriotas, aunque muchos clientes les acusan de complicidad. Sostienen que estos conocían que las cuentas iban mal y sospechaba de los planes de sus superiores, que enviaron ofertas masivas a sus clientes los meses previos al cierre. Además de la sede central en Madrid, OGC tenía otras cuatro oficinas en España (Murcia, Palma de Mallorca, Barcelona y Hospitalet de Llobregat) y otra en Bruselas. Operaba también en otros países europeos como Italia, Francia, Suiza, Luxemburgo, Alemania, o Reino Unido.