La Embajada de Ecuador prestará asesoría jurídica a los afectados por el cierre de OGC

La Embajada de Ecuador en España prestará asesoría jurídica a los 5.000 afectados por el cierre repentino de la paquetería OGC. Lo ha anunciado este jueves el embajador de este país en Madrid, Miguel Calahorrano, en la reunión que ha mantenido con los damnificados. Más de 400 personas se congregaron ayer en el consulado para conocer las novedades de un caso que mantiene en el limbo los bienes que miles de ecuatorianos mandaron a su país. Los envíos no llegan a su destino desde el pasado agosto (la empresa se comprometía a completar el porte en tres meses). Las pertenencias se encuentran en uno de los 42 contenedores de OGC que hasta el momento han sido identificados en el Puerto Marítimo de Guayaquil, según el director del Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (Senae), Xavier Cárdenas.

Desde la otra orilla del Atlántico no se descarta que aparezcan más vagones con bienes enviados por sus compatriotas a lo largo de la exploración. Según la embajada, al haberse presentado denuncias sobre este caso en Ecuador, se requerirá una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, además del debido proceso judicial, antes de la entrega de paquetes sus destinatarios. Así se lo comunicaron ayer a los damnificados como Franklin Bonilla, un ecuatoriano de 50 años que asistió de pie al encuentro "porque no había sitio para sentarse". "Nos dijeron que la próxima semana comenzarán a hacer una relación de los paquetes y que los recuperaríamos". Galo Chiriboga, fiscal general en Ecuador, se comprometió con ellos el pasado viernes en Madrid a identificar los envíos y devolverlos a sus beneficiarios en cuanto fuese posible.

Bonilla critica, sin embargo, que las autoridades ecuatorianas hayan pedido a los afectados abonar 14 euros "por rellenar un papel del Senae" para que les devolvieran sus bienes. "Me parece exagerado", resalta. Los asistentes a la reunión protestaron. "El embajador nos dijo entonces que hará lo posible para que este servicio sea gratuito". Se comprometió también, asegura Bonilla, a trabajar para que los envíos que se han realizado no tengan que pagar impuestos (están exentos los envíos de menaje del hogar y bienes usados para migrantes que desean volver a su país). "Hay gente que claramente no ha enviado cosas de segunda mano, nadie envía alguien usado a su hijo", narra Bonilla.

Otra de las asistentes, Jacqueline Alfaro, de 45 años, se queja de que el embajador ecuatoriano no respondiera a su pregunta. La mujer, que tiene nueve envíos pendientes desde el 17 de octubre, denuncia que en la aduana "hay gente corrupta infiltrada" porque de otra forma no se explica que los contenedores antes saliesen del puerto "con facilidad" y ahora desde hace algún tiempo eso haya cambiado. "El Gobierno de Ecuador tiene que investigar primero en Aduanas", ha exigido.

La embajada recordó que, junto la fiscalía ecuatoriana, solicitó la semana pasada al ministerio público español que inicie investigaciones por el cierre de la paquetería OGC con el fin de establecer la responsabilidades de los autores, cómplices y encubridores de este presunto delito (en Ecuador, incluso, podría ser de evasión fiscal). Uno de los afectados presentes en la reunión de ayer afirma que las autoridades ecuatorianas en España les informaron de que la policía española sigue realizando averiguaciones. Hasta el miércoles se habían registrado 170 denuncias, aunque los damnificados elevan la cifra de perjudicados hasta los 5.000. "Otra de las quejas era que no podían existir varias plataformas de afectados. Eso es porque hay intereses políticos".

Los afectados se quejan, además, de que solo disponen de hoy viernes y el próximo lunes para enviar la solicitud con sus datos, tal y como les han pedido las autoridades aduaneras de Ecuador para recuperar sus bienes. Han solicitado un aumento del plazo al embajador, que se comprometió a intentarlo. "Hay muchas personas que no pudieron asistir ayer a la reunión, entre ellas internas. Es imposible que puedan rellenar el papel en dos días (hoy y el próximo lunes)", ha subrayado Franklin Bonilla.

"No tenemos la culpa"

Otro de los presentes manifiesta que, al encuentro entre los responsables ecuatorianos y los afectados por el cierre de OGC, asistieron varios de los trabajadores de la empresa. Dos de ellos tomaron la palabra. Los asistentes les pidieron explicaciones, pero ellos aseguraron que no tenían la culpa. "Dicen estar dispuestos a ayudar. Nos informaron de que las cosas que recogieron en febrero están en España, que no han sido enviadas a Ecuador. Quizás así se puedan recuperar más fácilmente", se ilusiona este afectado que hizo dos envíos el mes pasado.

La empresa de paquetería OGC cerró el 7 de marzo por sorpresa sin entregar los bienes que habían mandado a su país más de 5.000 ecuatorianos (3.000 de ellos en Madrid, según los afectados). Los usuarios denuncian que, aunque el compromiso de OGC era entregar en mano los paquetes en un plazo de 90 días, los envíos realizados en agosto aún no habían llegado. Además, sus 90 empleados (una treintena en Madrid) llevaban tres meses sin cobrar sus salarios. OGC, que tenía su sede central en Madrid, disponía de cuatro oficinas más en España (Murcia, Palma de Mallorca, Barcelona y Hospitalet de Llobregat) y otra en Bruselas. También operaba en otros países europeos como Italia, Francia, Suiza, Luxemburgo, Alemania, o Reino Unido.