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La Fiscalía Provincial de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal sobre las 4.713 facturas presuntamente irregulares del Hospital Provincial de Castellón emitidas por las empresas PIAF, investigada en la trama Gürtel, y Telecso por un montante de 25 millones de euros. Las facturas fueron remitidas entre 2006 y 2015, durante la etapa de Carlos Fabra —condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal— y Javier Moliner al frente de la Diputación castellonense, y con el PP liderando también el gobierno valenciano.

La decisión llega cuatro meses después de que la Consejería de Sanidad Universal trasladara toda la documentación a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, que acaba de remitir el expediente a la Fiscalía Provincial de Castellón. Será su Sección de Delitos económicos y Anticorrupción quien lleve a cabo la investigación, durante un plazo inicial de seis meses susceptible de prórroga, “para determinar si los hechos son constitutivos de delito”, han informado a EL PAÍS fuentes del ministerio público.

La investigación se centra en el periodo comprendido entre 2006 y 2015. Casi una década durante la cual se llevaron a cabo supuestamente prácticas irregulares en contratos de mantenimiento e infraestructuras con cobros muy por encima de los contratos —por importe de hasta 12 millones de euros—, facturas sin expedientes de contratación e incluso por trabajos sin realizar, según anunció el pasado mes de junio la consejera de Sanidad Universal, Carmen Montón.

Las facturas con la empresa PIAF, investigada en el caso Gürtel por presunta financiación ilegal del Partido Popular, corresponden sobre todo a la etapa de Carlos Fabra al frente de la presidencia de la Diputación de Castellón, mientras que las de Telecso, gestionada por un familiar directo de Alejandro Pons, uno de los propietarios de PIAF, son de la etapa del actual responsable de la corporación provincial, el también popular Javier Moliner, que este lunes, en declaraciones a Europa Press, se ha mostrado “dispuesto a colaborar y contribuir a acelerar” el proceso de investigación abierto por la fiscalía para que no haya “ni una sombra de sospecha”.

Cabe recordar que durante el periodo investigado estuvieron al frente de Sanidad cinco consejeros del PP. Tres de ellos: Vicente Rambla, Manuel Cervera y Luis Rosado, imputados en Gürtel; mientras un cuarto, Rafael Blasco, cumple una condena de seis años y medio de prisión por el caso Cooperación.

La responsable autonómica de Sanidad Universal, Carmen Montón, ha mostrado este lunes su “satisfacción” por la admisión a trámite de la denuncia y por el hecho de que no haya prosperado la querella que interpuso el PP de la Diputación de Castellón contra ella por haber denunciado estas presuntas irregularidades en el centro hospitalario.

"Nadie nos va a meter miedo, ni a amedrentar, ni a disuadir de destapar cualquier irregularidad que detectemos en la gestión de los años pasados", ha expresado, al tiempo que ha incidido en que el dinero público “tiene que ser utilizado para fortalecer la salud pública y no para que nadie haga negocio con la sanidad a costa de los valencianos”, según recoge la EFE.

Montón anunció hace apenas un mes que la Generalitat Valenciana asumirá los 30,1 millones de euros de deuda que arrastra el Hospital Provincial de Castellón y que amortizará en un plazo máximo de dos años para “salvarlo de la quiebra técnica” en la que se encuentra. Esta acción se enmarca dentro del proyecto integral para el centro hospitalario, que prevé además una inversión de 19,6 millones de euros hasta 2019 para blindar su “calidad asistencial” así como subsanar “una a una” todas las irregularidades detectadas en el hospital.

El Hospital Provincial de Castellón se gestiona a través de un modelo de consorcio en el que participan prácticamente a partes iguales la Diputación y la Consejería de Sanidad, aunque todo apunta a que este sistema tiene las horas contadas. La semana pasada las Cortes acordaron instar al Consell a iniciar el proceso de integración del centro hospitalario castellonense en la red autonómica de hospitales públicos y reclamaron la disolución del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.