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El PP dice ahora que le importa la responsabilidad política por los cursos

Crespo recuerda a Díaz la resolución contra la reducción de jornada en Castilla-La Mancha

Carmen Crespo, en el centro, frente al Ayuntamiento de Adra.
Carmen Crespo, en el centro, frente al Ayuntamiento de Adra.

La portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha replicado este miércoles al auto de la juez María Ángeles Núñez, que el martes archivó la pieza política del caso de fraude en los cursos de formación, defendiendo la actuación de su partido y de la Guardia Civil, cuestionada por la magistrada. Crespo ha afirmado que recurrirán el archivo, aunque respeta la decisión de la juez, y ha argumentado que su partido persigue que se establezcan responsabilidades políticas. Además, ha cuestionado a la presidenta andaluza por la reducción de jornada de los funcionarios al recordar que el Tribunal Constitucional falló contra la misma medida en Castilla-La Mancha.

Crespo ha argumentado que en otros juzgados quedan aún pendientes "muchas piezas separadas y muchas cuestiones de los cursos de formación", tras lo cual ha defendido que lo que le importa a los populares son las responsabilidades políticas y haber "perdido millones de euros en la formación de los parados de Andalucía".

"Eso es lo que reivindicamos en el día de hoy por encima de las cuestiones judiciales", ha dicho. Su formación ha señalado a la presidenta de la Junta de Andalucía y a sus antecesores en las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria, aún pendiente de emitir un dictamen.

"Las responsabilidades políticas, alguien las tendrá que asumir después de perder tantos millones de euros durante cinco años en la formación de los parados de Andalucía", ha dicho.

Reducción de jornada

La portavoz parlamentaria también ha calificado de "improvisada" la decisión de reducir la jornada para los trabajadores públicos, medida que ha atribuido a un intento de "lavar y mejorar" la imagen de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tras la "crisis del PSOE".

Crespo ha cuestionado la decisión al afirmar que "no es garantista porque es de competencia estatal". En este sentido, ha recordado que una medida similar fue rechazada por el Tribunal Constitucional en Castilla-La Mancha.

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