Barcelona recibe 4,8 millones de la UE para probar la renta mínima
Un millar de familias se beneficiarán de un programa para medir la eficacia de las ayudas sociales
El Ayuntamiento de Barcelona ha encontrado una grieta para implantar la renta mínima pese a que carece de competencias sobre la materia. La ciudad ha sido escogida para participar en un programa de la Unión Europea que aportará fondos extraordinarios a proyectos de innovación social. Barcelona recibirá 4,8 millones de euros durante tres años para probar la eficacia de cinco tipos distintos de combinación entre una renta mínima de emergencia (RME) y políticas complementarias (formación, empleo, vivienda, trabajo comunitario) en 1.000 familias.
Barcelona ha sido seleccionada como una de las 15 ciudades (entre 400) del programa Urban Innovative Action, que se desarrollará durante tres años. En el caso de Barcelona, el coste es de seis millones, de los que la UE aportará 4,8. Los seis primeros meses servirán para definir los cinco programas (ayudas y políticas complementarias) y elegir a las familias; los dos siguientes, para detallar el funcionamiento de las ayudas; y seis más, para evaluar el programa.
La idea es que las cinco modalidades tengan el mismo coste, para poder medir su eficacia a partir del mismo gasto. “El supuesto de partida es que la Renta Mínima de Emergencia dotará a las familias de seguridad, libertad y mayor responsabilidad, palancas para superar la pobreza”, explica la memoria del proyecto. Comprobar si, como defiende el ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau, asegurar un ingreso mínimo “mejora la capacidad de tomar decisiones y espolea a los individuos desarrollar sus propias estrategias”.
La tercera teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, defiende que el proyecto permitirá ir en la línea que defiende el ejecutivo de “tender a una agrupación de las ayudas, que ahora están fragmentadas”. La iniciativa, agrega, “evitará que los usuarios tengan que hacer un viacrucis, y empoderará a la gente combinando una renta con otras políticas”.
Sin competencias
De la evaluación cualitativa del programa se ocuparán la Young Foundation (de Reino Unido) y el instituto de políticas públicas (IGOP) de la UAB. La evaluación cuantitativa, qué retorno tiene la inversión pública —si se reduce la pobreza de los receptores—, la hará un centro de investigación de la escuela de negocios IESE vinculado a la universidad de Hardvard. En el programa también participará la UPC con una aplicación de móvil que compartirán los servicios públicos implicados y los usuarios para monitorizar todo el proceso.
La renta mínima es una de las propuestas que el gobierno de la alcaldesa Ada Colau llevaba en su programa electoral. Los Ayuntamientos, sin embargo, no tienen competencias para implementar rentas, más allá de ayudas de emergencia. Pero el consistorio sí podrá hacer el test durante dos años, aseguran fuentes municipales.
Ortiz subraya que este proyecto se suma a otras dos convocatorias europeas ganadas por el Ayuntamiento que “permitrián dar impulso a los recursos propios”: los 15 millones recibidos por el Eix Besòs y la ayuda para crear una red de ciudades contra la pobreza urbana.
1.000 familias beneficiadas
La selección de las mil familias que se beneficiarán del programa será “aleatoria pero estratificada”. Esto es, entre casos que son potencialmente beneficiarios de ayudas porque están por debajo del umbral de la pobreza, pero con perfiles distintos. Por ejemplo: personas mayores solas, familias numerosas, de origen inmigrante, etc.
A falta de definir exactamente los cinco programas, el consistorio adelanta que la cuantía de las rentas dependerá en primera instancia del número de miembros de cada familia y de cuál es su situación respecto a la vivienda (si viven de alquiler o tienen hipoteca pendiente, o si no tienen este gasto).
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