El ‘Govern’ considera “ridícula” la reacción de Llanos de Luna sobre el 12-0

La relación entre la Generalitat y el Gobierno central sigue siendo nula y cada día parece agrandarse más la distancia a cuenta de cualquier episodio o cualquier trámite procesal en las causas judiciales en marcha por el proceso soberanista. Así, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, ha calificado este martes de "grotesco" la notificación personal realizada esta mañana a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a varios miembros de la Generalitat del auto del Tribunal Constitucional que suspendía la aprobación de las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente.

Del mismo modo, Munté ha considerado "ridícula" la reacción de la Delegada del Gobierno, Llanos de Luna, de recurrir ante la justicia la decisión del Ayuntamiento de Badalona de permitir que los trabajadores que lo deseen puedan trabajar este 12 de octubre, Día de la Hispanidad y fiesta en toda España. "Respetamos la autonomía municipal y no tenemos nada que decir, pero la reacción de la Delegada me parece del todo ridícula y me pregunto porqué no se posicionó ante los recortes del PP, cuando se impugnó la ley de pobreza energética o cuando se producían desahucios", ha explicado Munté.

En otro momento de la rueda de prensa y sin ser preguntado por ello la vicepresidenta de la Generalitat ha aludido al informe del Consejo de Europa conocido el lunes en el que se constataba el incumplimiento del Gobierno español de numerosas recomendaciones en la lucha contra la corrupción.

"La fobia del PP es tan grave a la independencia que no la aplica ni a la independencia judicial. Debería dar alguna explicación", ha dicho la portavoz. A los pocos minutos ha vuelto a arremeter contra el Gobierno para denunciar lo que ha calificado de "persecución de los demócratas que se está produciendo en Estado español", en referencia a los procesos judiciales contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs por la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Al margen de estas declaraciones, en la reunión del Gobierno catalán de este martes se ha aprobado el proyecto de ley que garantiza el acceso universal a la asistencia sanitaria a todos los residentes, con independencia de su situación administrativa. El texto elimina el requisito previo que existía hasta ahora y que exigía acreditar un empadronamiento de tres meses para acceder a la sanidad.

De la misma manera, el Ejecutivo que preside Carles Puigemont ha aprobado el proyecto de ley para que los catalanes residentes en el extranjero puedan votar electrónicamente en las elecciones autonómicas. En la última cita electoral del 27 de septiembre de 2015 solo pudieron votar 14.781 de los 196.065 catalanes censados ante las dificultades para hacerlo.