Madrid se une a las ciudades “del cambio” contra la ley Montoro

Dos de los principales dirigentes del Ayuntamiento de Madrid defendieron el pasado martes en nombre de la capital la propuesta del grupo parlamentario de Unidos Podemos para la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Esta ley, también conocida como ley Montoro, es una norma inspirada en el artículo 135 de la Constitución y en los principios de estabilidad presupuestaria derivados del pacto fiscal europeo de 2012. Sus objetivos son evitar duplicidades entre las administraciones central y local; racionalizar la estructura organizativa de los entes locales de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, y garantizar un control financiero sobre los municipios.

Sin embargo, en opinión de los representantes de los Ayuntamientos dirigidos por formaciones alineadas a la galaxia de Podemos --desde Barcelona, Cádiz, Zaragoza y Madrid-- esta norma supone "un recorte competencial sin precedentes" para las ciudades. Los llamados Ayuntamientos del cambio proponen derogar esta ley, que toma el nombre del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, y abogan por redefinir el equilibrio entre el Estado y las ciudades en favor de estas últimas, en virtud de su cercanía administrativa con los ciudadanos.

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"La ley Montoro es profundamente ideológica e ineficaz", vinculada a conceptos políticos de austeridad, cuyo objetivo es "restringir" las capacidades de los municipios, fomentando la externalización de servicios a empresas privadas, sostiene la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre. Detrás de esta norma está el objetivo de "recentralizar" las competencias municipales en favor de la administración central, agrega. "Reivindicamos que la prestación de servicios es más eficaz cuando se hace cerca de los ciudadanos", resume la portavoz.

La polémica sobre la ley Montoro incluye un análisis crítico de la ley de estabilidad presupuestaria y de la modificación del artículo 135 de la Constitución, aprobado por el PSOE y el PP en 2012. "La ley Montoro es una concreción legislativa de ese artículo profundamente ideológico, que viola la parte de la Constitución donde se dice que se deben garantizar los derechos sociales de los españoles, y donde se afirma que la prioridad de gasto de las administraciones son el pago a los acreedores y a la banca", mantiene Maestre.

De los municipios gobernados por formaciones cercanas a Podemos, Madrid es el Consistorio que está protagonizando el mayor pulso con Hacienda. El Ayuntamiento acaba de aprobar, con el voto favorable de Ahora Madrid y PSOE, un plan económico y financiero en el que prevé exceder el techo de gasto en más de 500 millones entre 2016 y 2017. Este plan, que está siendo valorado por Hacienda, prevé un incumplimiento declarado de la ley de estabilidad presupuestaria, aunque el Consistorio espera que el ministerio modifique el criterio utilizado hasta ahora para marcar la regla de gasto, tal y como sugirieron los socialistas con una enmienda al texto original.

"A Madrid, lo que más le afecta es la ley de estabilidad presupuestaria. Pero ambas leyes lo que hacen son amputar y delimitar la autonomía local de la ciudad", afirma Carlos Sánchez Mato, responsable del Área de Economía y Hacienda del Consistorio. La cuestión, considera el edil, no es tanto la estabilidad presupuestaria, ya que Madrid goza de un amplio superávit, sino dar prioridad al gasto social. En este sentido, la lógica del discurso de Unidos Podemos es política, y tiene que ver con negar la "sacralización" del pago de la deuda que, según sus representantes, se ha llevado a cabo en los últimos años. "Se ha demonizado el déficit y nos hablan de estabilidad presupuestaria los mismos que vendieron a precios de saldo edificios municipales", insiste el edil.

En las últimas semanas, según revela Sánchez Mato, el Consistorio recibió una carta de Hacienda el que pedía que Madrid eliminara organismos como Madrid Salud o la Agencia para el Empleo. "En este afán aparentemente intencionado de racionalizar la administración local quieren que eliminemos actuaciones de Madrid que tienen superávit. Se trata de una ley perversa y que en algunos casos ha sido anulada por el Constitucional", sostiene el delegado. "El gobierno utiliza la ley de estabilidad contra los municipios en los que no gobierna, como una especie de venganza política", denuncia Maestre.