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De Lara ordena el registro de varias casas de la familia de Nené Barral

La juez de Lugo dirige la nueva Operación Cebra, contra el contrabando y el blanqueo, que tiene como epicentro los negocios del exalcalde popular de Ribadumia y mentor de Louzán

José Ramón Barral, 'Nené', a la izquierda, sale con su abogado del juicio por fraude fiscal celebrado en mayo.
José Ramón Barral, 'Nené', a la izquierda, sale con su abogado del juicio por fraude fiscal celebrado en mayo.

Aduanas registra en estos momentos varios inmuebles propiedad de la familia de José Ramón Barral, Nené, el exalcalde de Ribadumia, mentor de Rafael Louzán, que regaló un rosario de mayorías absolutas al Partido Popular durante 18 años. La operación judicial, sobre la que no ha trascendido casi nada de momento, ha sido bautizada con el nombre de Cebra. Es una nueva investigación abierta contra este expolítico imputado por contrabando en un caso de 2001 (y todavía sin juzgar) y condenado desde el pasado mayo por dos delitos fiscales que apenas quedaron en nada. Nené Barral logró entonces exculpar a sus hijas y evitó la pena de prisión, reducida de los ocho años iniciales a uno solo, con el pago de más de 700.000 euros. Pero ahora estalla en torno a su figura una nueva causa por presuntos delitos de contrabando y blanqueo que, según fuentes relacionadas con la investigación, lleva fraguándose desde hace meses. La dirige desde Lugo Pilar de Lara, titular del juzgado de Instrucción 1, pero ni deriva de ellas ni nada tiene que ver con las otras grandes operaciones a cargo de esta magistrada, como son la Pokémon y la Cóndor.

En estos momentos están siendo registradas la propia casa de Barral en As Sinas (Vilanova de Arousa), un pazo del que es dueño en Lantaño (Portas) y el domicilio de una de sus hijas en Ribadumia, también en la provincia de Pontevedra. En A Coruña, se registra el despacho de su abogado, Carlos Seoane, y en la comunidad de Extremadura se lleva a cabo una intervención más en una vivienda, en busca de documentación para la causa. Participan en los registros tanto agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera como efectivos de la Udyco (Unidad para la Delincuencia y el Crimen Organizado de la policía nacional) que les dan apoyo.

En su procesamiento por delitos contra la Hacienda pública, el fiscal Augusto Santaló pedía al principio una pena de cuatro años de cárcel por cada caso de evasión de los que acusaba al expolítico. Después las partes llegaron al acuerdo de reducir esta condena a seis meses por cada delito; en total, sumándolas, un año. La acusación se centraba en los ejercicios 2006 y 2007, cuando quedó constituida una sociedad en las Islas Vírgenes, y se encontraron pruebas de las presuntas inversiones de Barral en otros lugares como Hong Kong y Chile. Ahora, según las mismas fuentes consultadas por EL PAÍS, el caso implica no solo al exalcalde de Ribadumia, regidor del que fue tradicional lugar de veraneo de Mariano Rajoy, sino también a otras personas de Galicia y de fuera que supuestamente están asociadas con él en algunos negocios. Por el momento no ha habido detenciones ni tampoco imputaciones.

Los dos delitos fiscales por los que fue condenado de forma tan ventajosa estaban relacionados con negocios de energía eólica y de acuicultura desarrollados en China y Chile. Los ingresos obtenidos fueron ocultados a la Agencia Tributaria en las declaraciones de la renta durante dos ejercicios. A cambio de reconocer que no pagó al fisco 135.000 euros en el año 2006 y más de 202.000 en 2007, la pena de prisión, reducida a un año, fue sustituida por el pago de una multa de 24 meses con una cuota de seis euros al día, en total 4.320 euros. Como requisito previo para alcanzar ese acuerdo, Barral ingresó en el juzgado 720.000 euros, de los que 338.000 eran la cantidad defraudada, y el resto intereses y dos multas de 88.250,50 y de 131.746,10 euros por los dos delitos. En 2015 se esperaba que se fijase la fecha para la celebración del juicio relativo a una causa anterior contra él, la que se abrió por los supuestos delitos de contrabando, cohecho y revelación de secretos oficiales y que precipitó su caída tras encadenar cuatro mayorías absolutas con el PP en Ribadumia. Por este caso, Barral dimitió en 2001, pero el juicio no se ha celebrado aún.

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