La causa judicial del 9-N abre una brecha entre Mas y Homs

La causa judicial por la consulta independentista del 9-N ha abierto una brecha entre Artur Mas y quien fue su mano derecha al frente del Gobierno catalán, Francesc Homs. Como imputados, los dos mantienen en esencia la misma estrategia de defensa: se limitaron a cumplir un “mandato democrático”, no han cometido ninguna ilegalidad, el proceso judicial obedece a “causas políticas”. Homs, sin embargo, está incómodo ante las posibles consecuencias del proceso: al contrario que Mas, cree que su carrera política aún tiene recorrido y teme una posible inhabilitación.

La consulta, en la que participaron más de dos millones de catalanes, se celebró el 9 de noviembre de 2014. Pocos días después, la Fiscalía se querelló contra Mas y otros dos cargos de su Gobierno –la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau- por organizar la jornada pese a que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. La implicación de Homs, entonces consejero de Presidència y portavoz del Gobierno, emergió meses más tarde. En una carta firmada por él, Homs daba instrucciones a un órgano de la Generalitat para que autorizara a una empresa (T-Systems) a seguir adelante con los trabajos informáticos necesarios para la consulta.

Al saberse investigado, Homs quiso situarse a la misma altura que el president en cuanto a la responsabilidad política. Mas y sus consejeras declararon ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y se sentarán en el banquillo de los acusados. Ya conocen la pena que se les solicita: diez años de inhabilitación, toda vez que la Fiscalía ha descartado el delito de malversación, el único que implica penas de prisión. Pero como diputado en el Congreso, Homs es aforado ante el Tribunal Supremo, que es el órgano que le investiga. El diputado lo interpreta como una desventaja.

Mas desmintió a Homs sobre un posible pacto ofrecido por Rajoy

Homs teme, explican fuentes cercanas al caso, que la Fiscalía modifique su criterio (cada causa judicial va por su camino) y le acuse de malversación. Además, es el único de los cuatro cargos imputados por el 9-N que firmó un documento comprometedor después del veto del Tribunal Constitucional. El diputado, en definitiva, no quiere llevar la peor parte y ni mucho menos ser un “mártir” de la causa. En especial, porque no cree que su carrera política haya concluido, a diferencia de Mas, Ortega y Rigau (esta última aún es diputada).

Pese a que el discurso oficial (y la estrategia de defensa) siguen siendo casi idénticos, han aparecido ya fisuras de envergadura. La más importante es la contradicción manifiesta entre Homs y Mas a propósito de un supuesto pacto de no agresión ofrecido por el Gobierno de Mariano Rajoy antes del 9-N. Según la declaración de Homs ante el Supremo, el Gobierno ofreció a la Generalitat que “no haría nada” si, tras la votación, Mas evitaba “hacer una comparecencia pública”. O sea, que no emprendería acciones legales si, de alguna forma, Mas se desentendía de la convocatoria, que fue masiva.

Homs detalló que el pacto fue ofrecido dos días antes de la consulta y que lo rechazaron. “Si el Gobierno de España me proponía un trato de estas características indigno, que obviamente no accedemos a él, vamos, me estaba diciendo sin decírmelo que yo no hacía nada que fuese contrario a la ley”, justificó en su comparecencia. El lunes, tras conocer la pena de inhabilitación a la que se enfrenta, el expresident le desmintió de plano y replicó que Rajoy jamás ofreció pacto alguno. ¿Cómo se explica? Fuentes del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) señalan que Homs “no se tomó en serio” la propuesta y no la llegó a hablar con Mas. “Fue un problema de comunicación”, subrayan esas fuentes.