El Canal asume la eliminación del golf de Chamberí
El Consejo de Administración del ente ha decidido no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
El Canal de Isabel II no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga a desmantelar el campo de golf de Chamberí. La lucha vecinal contra las instalaciones ha durado más de doce años. El Gobierno regional tiene previsto abrir hoy un periodo de participación con asociaciones vecinales y organizaciones implicadas con el objetivo de decidir el destino del espacio que se libere. Los vecinos están a favor de conservar el parque y zonas deportivas, pero sin el golf.
El último Consejo de Administración del Canal de Isabel II ha aprobado por unanimidad no recurrir la sentencia del TSJM debido a las pocas opciones que existían de que prosperase la apelación. El fallo declara nulo el acuerdo de la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que aprobó el Plan Especial que regularizó las instalaciones situadas en terrenos del Tercer Depósito del Canal de Isabel II.
El tribunal ordena en la sentencia la adopción de las medidas necesarias para la reposición y restablecimiento de la parcela a su estado físico anterior a la ejecución de las obras. Además, condena al Canal de Isabel II y a la Comunidad de Madrid al abono de 7.000 euros de costas.
El consejero de Presidencia y Justicia y presidente del Canal, Ángel Garrido, ya anunció cuando se conoció la sentencia que la iban a acatar, aunque, añadió, había que esperar el informe de los servicios jurídicos con respecto a la conveniencia o no de recurrir el fallo. El problema ahora es decidir qué recambio es el más adecuado al golf. La actuación liberará al menos 40.000 metros cuadrados de suelo. Para ello, el Gobierno regional abrirá “desde hoy” un periodo participativo en el que se oirán las propuestas de vecinos, asociaciones y otras organizaciones implicadas.
Julio López, presidente de la Asociación El Organillo —que ha batallado desde hace más de 12 años—, explica que su “reivindicación histórica” se ha centrado en el campo de golf. “Hay otras zonas bienvenidas y aprovechadas y sobre ellas no tenemos ningún problema”, especifica. Se refiere a las pistas de pádel, canchas para practicar fútbol y “sobre todo”, el circuito para correr que bordea toda la instalación.
López recuerda que “el tiempo apremia”, porque la concesión de gestión del espacio finaliza en 2018. “Habrá que ir pensando qué queremos hacer, verlo entre todos y recuperar parte del terreno como zona de esparcimiento, recreo y paseo que puedan utilizar todos los madrileños y si cabe ampliar la dotación deportiva”, concreta.
Complicada reversión
En el Ejecutivo autonómico tampoco contemplan la posibilidad de la vuelta a sus orígenes de la totalidad de la infraestructura. El consejero de Presidencia y Justicia se refirió en el pleno de la Asamblea de Madrid a la dificultad de “revertir toda la actuación” a su estado original, que es lo que indica la sentencia. En su opinión, si se tomara ese camino significaría dejar el terreno como un solar y destruir instalaciones que se pueden aprovechar y que utilizan los vecinos, como, por ejemplo, varias deportivas.
Las divergencias con respecto al uso de la infraestructura provocaron un gran enfrentamiento entre el Ayuntamiento, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, y la Comunidad de Madrid, dirigida entonces por Esperanza Aguirre. Gallardón no estaba por la labor de poner facilidades para legalizar el campo de golf propuesto por Aguirre.
Doce años de resistencia vecinal
La polémica ha perseguido desde sus orígenes al complejo deportivo, que ocupa la mitad de las 12 hectáreas de superficie del depósito del Canal. La obra cayó como un jarro de agua sobre los vecinos, que esperaban la construcción de un nuevo parque público. El Ejecutivo regional obtuvo la primera licencia el 18 de marzo de 2003 para edificar un campo de prácticas de golf con 100 puestos de tiro, nueve hoyos y césped artificial. Cinco meses antes de la inauguración, el 16 de octubre de 2006, la dirección General de Gestión Urbanística ordenó la suspensión de las obras. Dos meses más tarde el Ayuntamiento emitió un informe desfavorable y exigió un plan especial y un informe de evaluación ambiental. El 18 de enero de 2007, la Comunidad de Madrid pensó que resolvía el problema declarando el proyecto de interés general.
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