Homs declaró que el Gobierno ofreció un pacto de no agresión por el 9-N

Francesc Homs, exconsejero de Presidencia de la Generalitat, explicó ante el Tribunal Supremo que el Gobierno de Mariano Rajoy le ofreció un pacto a propósito de la consulta del 9-N. Si el Gobierno catalán se desentendía de la jornada de participación y no valoraba públicamente los resultados, evitaría impulsar acciones legales, según la versión que consta en la declaración del diputado. "Se nos ofreció que si el president [Artur] Mas la noche del día 9 no hacía una comparecencia pública, no harían nada. Esto de parte del Gobierno de España", manifestó Homs.

El presunto pacto de no agresión fue ofrecido el 7 de noviembre, dos días antes de la consulta sobre la independencia en la que participaron más de 2 millones de catalanes. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ofreció a Homs "desentenderse públicamente" de la consulta y no hacer ninguna valoración. "Si el Gobierno de España me proponía un trato de estas características indigno, que obviamente no accedemos a él, vamos, me estaba diciendo sin decírmelo que yo no hacía nada que fuese contrario a la ley", según su declaración íntegra, que ha avanzado hoy el diario digital El Nacional. "Evidentemente no tengo pruebas escritas, ya se puede imaginar, de lo que le voy a decir", agregó Homs al juez.

El pasado lunes, sin embargo, Artur Mas negó que el Gobierno de Rajoy hubiera ofrecido pacto alguno, lo que entra en clara contradicción con las manifestaciones de Homs. Mas lo dijo en la rueda de prensa en la que criticó a la Fiscalía por haber solicitado para él la pena de diez años de inhabilitación.

Fiscalía "gregaria"

En su extensa declaración como imputado ante el Supremo, el pasado septiembre, Homs subrayó que él y su Gobierno actuaron "de acuerdo con la ley" y por el "mandato que teníamos del Parlament". "Tengo la impresión de que este es un juicio más político que de debate jurídico", insistió el diputado, que cargó especialmente contra la Fiscalía, a la que acusa de tener un "comportamiento gregario" frente al Gobierno del PP. "La Fiscalía, en el tema del 9-N, ha actuado al margen de su principio de independencia".

El 4 de noviembre, el Tribunal Constitucional prohibió la consulta del 9-N mediante una resolución. Pese a ello, la investigación considera que el Gobierno catalán no hizo nada por impedir la consulta y que incluso ejecutó actos para permitir que llegase a buen puerto. De ahí que atribuya a Homs los delitos de desobediencia y prevaricación. Los mismos delitos por los que el expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau afrontan una petición de hasta 10 años de inhabilitación.

Homs basó su defensa en dos afirmaciones: por un lado, que a partir del veto del Constitucional la consulta quedó "en manos de voluntarios", por el otro, que la resolución era "inconcreta", por lo que no se podía "saber con precisión qué es lo que estaba prohibido". El documento que incrimina a Homs, hoy diputado en el Congreso, es una carta que firmó y envió a un órgano de la Generalitat para que indicara a T-Systems (empresa proveedora de la consulta) que siguiera adelante con los trabajos pese a la prohibición del TC. Homs se escudó en que los trabajos de esa empresa "no estaban citados en la resolución".