El TSJ valenciano levanta la suspensión de las becas universitarias

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha levantado la suspensión sobre las becas universitarias de la Generalitat y ha confirmado que los alumnos de las facultades privadas no podrán hacer prácticas en hospitales públicos. Los magistrados revocan en ambos casos medidas cautelares adoptadas por el mismo órgano judicial este verano.

La decisión sobre las becas se limita a las que se conceden a los alumnos que van a finalizar los estudios, las llamadas becas por no abandono. Pero el criterio expresado por el tribunal apunta a que la suspensión de las ayudas que cubren toda la matrícula de los estudiantes, adoptada también de forma cautelar, correrá la misma suerte.

Las medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fueron acordadas a instancias de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia. El campus privado alegaba violación de derechos fundamentales y discriminación tanto en el terreno de las prácticas sanitarias como en el de las becas respecto a las universidades públicas. La Consejería de Educación, al frente de la cual está Vicent Marzà, decidió dirigir ambas solo a alumnos de centros públicos.

"Estamos muy contentos porque los alumnos por fin podrán acceder a las becas de no abandono, y es de justicia", dijo ayer Marzà. Ignacio Sánchez Cámara, el rector de la Católica que emprendió la batalla judicial contra la política educativa de la Generalitat, fue destituido a principios de septiembre. La universidad privada es propiedad del Arzobispado de Valencia.

La Sección Quinta de la Sala Contencioso-administrativa responsabiliza de la suspensión de las becas, que ha afectado a todos los estudiantes de la red pública, a la "Sala de vacaciones" del TSJ. Esta se alejó del "criterio reiterado" de los magistrados que habitualmente se encargan de la materia, por el que las medidas cautelares "tienen un distinto tratamiento, más restrictivo, cuando el objeto del procedimiento es una disposición de carácter general".

Los jueces consideran que la Universidad Católica y el auto que estableció la suspensión de las becas "destacó para su adopción la lesión de tres derechos fundamentales, cuestión esta que incide directamente en el fondo del asunto y excede del ámbito de esta pieza de medidas cautelares". Los dan ahora la razón a la Generalitat y no aprecian un peligro inminente que obligase a adoptar la medida cautelar de suspender la concesión de todas las becas del Gobierno autonómico.

La Sección Quinta también da la razón a la Generalitat en las prácticas hospitalarias. Las consejerías de Educación y Sanidad decidieron que los alumnos de universidades privadas dejaran de hacer prácticas en hospitales y centros de salud públicos porque, según argumentaron, ello contravenía la ley de incompatibilidades, al cobrar el personal sanitario en su horario laboral de una empresa privada.

El aumento de facultades privadas del área de Salud durante la etapa del PP, añadió el Ejecutivo valenciano, había saturado los centros públicos de alumnos en prácticas.

La Católica recurrió alegando violación de derechos fundamentales, entre ellos el de libertad religiosa. "Siendo cierto que el carácter privado de la demandante supone que sus estudiantes no pueden acceder a las prácticas referidas, ello no tiene ninguna relación con el carácter de católica de la recurrente, por lo que su invocación carece de la forma más absoluta de fundamento alguno siquiera debatible", responden los jueces.

El TSJ tampoco acepta el argumento de que la exclusión de las prácticas pueda considerarse una infracción del derecho fundamental a la educación, como defendía el campus privado. Y respecto a la alegación de que la Generalitat viola el derecho de los alumnos a elegir centro universitario, los jueces señalan que la Católica "carece de legitimación" para plantearlo, ya que esta corresponde a los alumnos.