Dos cargos del Canal rehúsan ir a una comisión de endeudamiento

Tras la pausa vacacional, los diputados de la Cámara autonómica comienzan de nuevo las reuniones de la Comisión de Estudio de Endeudamiento de la Comunidad de Madrid. El problema es que no asistirá ninguna de los tres comparecientes a los que se había solicitado su presencia. No obstante, los grupos políticos sí acudirán a la comisión.

La socialista Mercedes Gallizo, miembro de este organismo parlamentario, explica que “todavía es necesario aclarar muchos puntos oscuros de la gestión llevada a cabo por el Canal de Isabel II, por lo que debemos insistir en que acudan estas personas”.

El PSOE había pedido la asistencia de Diego Fernández García, director de Gestión Corporativa del Grupo Inassa, filial del Canal de Isabel II en Colombia. El objeto era informar sobre la gestión y expansión de la empresa e incorporación de nuevas sociedades a efectos de su repercusión en el endeudamiento del Canal. Fernández es el sustituto de Edmundo Rodríguez Sobrino, destituido a mediados del pasado abril por la Comunidad de Madrid porque compaginaba su puesto con la dirección de compañías en paraísos fiscales.

Fernández García ya se había negado en una ocasión anterior a asistir. Envió una carta a la Asamblea en la que explicaba que Inassa es una empresa colombiana y los estatutos de la compañía no le permitían revelar públicamente sus informaciones. Canal de Isabel II Gestión, a través de Canal Extensia, posee el 81,4% de las acciones de Inassa. Su otro accionista es con un 18,76% la empresa Sociedad Latina de Aguas S. A., además de otros pequeños cinco accionistas particulares.

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El pasado septiembre, la Asamblea recibió otra comunicación del directivo, en la que se volvía a excusar, aunque abría la posibilidad de comparecer con fecha posterior al 24 de octubre. Sin embargo, volvió a señalar que Inassa era una sociedad de derecho privado regida por las normas vigentes en Colombia. Por lo tanto, argumentaba, solo respondería a lo que esté autorizado por los órganos societarios competentes. El consejero de Presidencia, Ángel Garrido, contestó en septiembre en la Asamblea a una pregunta de Podemos donde manifestaba no entender qué instrucciones tenía que recibir el directivo de Inassa para responder a los diputados: “Por supuesto, la indicación que ha dado esta Presidencia es que comparezca: no puede ser de otra manera”.

También ha rehusado asistir Adrián Martín López de las Huertas, que debía informar, a petición de Podemos, sobre los acuerdos del Consejo de Administración de Canal Extensia, del que formó parte desde enero de 2013 hasta el pasado mayo. Martín fue director general del Canal de Isabel II también hasta mayo, cuando fue sustituido por Rafael Prieto, y ya ha declarado en otra ocasión en ante la misma comisión.

En la misiva enviada explica que no puede asistir debido a las restricciones legales que se le aplican en cuanto a informar sobre las cuestiones tratadas en el órgano directivo. Una de sus obligaciones, aclara, es guardar secreto sobre los datos u otros informes a los que haya tenido acceso en su época de consejero.

Tampoco acudirá Manuel Jiménez Torrico, responsable de obra de un anillo de distribución entre Majadahonda y Boadilla del Monte, en la que se abonó un sobrecoste de 1,5 millones. El Canal expulsó al director de la obra y suspendió de empleo tres meses a la jefa de división. Torrico tampoco acudió a declarar en una ocasión anterior en el que se solicitó su asistencia.