Puigdemont dice que la consulta del 9-N reforzó “el Estado de Derecho”

Carles Puigdemont habría actuado igual que Artur Mas el 9 de noviembre de 2014: habría puesto las urnas para celebrar la consulta independentista pese a que esta había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. El presidente catalán afirmó ayer que con el 9-N la Generalitat no se saltó ninguna ley, que se respetó el “encargo sagrado” de la ciudadanía y que, finalmente, se reforzó el Estado de derecho. “El anhelo de la ciudadanía está por encima de toda consideración”, dijo.

Fue su forma de cerrar filas con los dirigentes investigados por organizar el “proceso participativo” del 9-N y, en especial, con el exconsejero de Presidencia Francesc Homs, quien el lunes comparecerá ante el Tribunal Supremo para explicar su participación en los preparativos de la consulta. Homs está imputado en una causa en la que se investigan posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

Esa comparecencia ha activado al independentismo. Ayer Homs fue recibido en el Palau de la Generalitat por Puigdemont y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. El sábado está previsto que el exconsejero sea apoyado por la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium y la Asociación Catalana de Municipios. Y el domingo sucederá lo mismo en Arenys de Munt (Barcelona), el municipio en el que se celebró la consulta municipal independentista de 2009 y donde también estará Mas. El lunes lo acompañarán al Supremo miembros del Gobierno catalán y dirigentes del Partit Demòcrata Català (PDC, la antigua Convergència).

Como el expresident Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, Homs está acusado de participar activamente en la organización del 9-N. Su caso está en el Supremo porque, como diputado en el Congreso, es aforado. La principal prueba en su contra es la carta que remitió a la empresa encargada del escrutinio el 9-N, diciéndole que continuara con el proceso pese a las advertencias del Constitucional.

“No estará solo en las declaraciones, los juicios ni los días después de la sentencia”, dijo ayer Puigdemont, al tiempo que criticó la “judicialización” que está sufriendo la política. La declaración de Homs ante el Supremo se produce en un momento de especial tensión entre el Govern y el Parlamento catalanes por un lado y el Gobierno del PP y el Tribunal Constitucional por otro. La Cámara autonómica desoyó en julio la prohibición judicial de votar a favor de un referéndum unilateral.