Los vertidos ilegales de basuras se ceban con El Molar
El Ayuntamiento dice que no da abasto para limpiar y los ecologistas le acusan de desidia
Basuras amontonadas y quemadas. Montañas de cascotes. Hasta regueros de váteres, de neveras y de parachoques de automóviles. Los vertidos ilegales de todo tipo de residuos se repiten impunemente desde hace meses en zonas campestres del municipio de El Molar, un municipio de 8.000 habitantes a 39 kilómetros al norte de la capital. Así lo comprobó este periódico a finales del pasado mes abril y lo ha vuelto a hacer en los últimos días, en los que los vecinos han detectado en mitad del campo la gran montaña de desechos que se puede apreciar en la primera de las fotografías que acompañan a este texto.
Ecologistas en Acción explica que el problema de los vertidos ilegales ha repuntado en los últimos años en la región, pero insisten en que el caso de El Molar es especialmente llamativo por la cantidad de residuos acumulados, por la repetición continua de vertidos y por la “desidia del Ayuntamiento”, dice María Ángeles Nieto, una de las portavoces de la ONG. La misma queja la repiten varios vecinos del lugar más afectado por la basura abandonada, que aseguran asimismo que la cantidad de vertidos ha aumentado enormemente en el último año.
Desde el Consistorio, sin embargo, se defienden. Admiten la existencia de las basuras y aseguran que están haciendo todo lo que pueden con el “limitado presupuesto” del que disponen. “Nuestro municipio tiene una gran extensión [50 kilómetros cuadrados] que hace las cosas más difíciles”, explica María José González, concejal de Medio Ambiente del municipio, gobernado por Ciudadanos. Y añade: “Hemos contratado a dos personas más de refuerzo para la limpieza, tenemos que contratar periódicamente un camión y una excavadora, pero en ocasiones nos encontramos con que arrojan las basuras en lugares inaccesibles. Otras veces, limpiamos en un sitio y al día siguiente, literalmente, vuelven a verter”.
Laberinto de caminos
La zona afectada es un paraje rústico de gran extensión ubicado entre la autovía de Burgos (A-1) y el río Jarama, muy cerca de un centro de reciclaje —donde se tratan y eliminan precisamente residuos inertes de construcción y demolición— y de centenares de viviendas irregulares levantadas en las últimas décadas en esos terrenos no urbanizables. Entre esas construcciones se cuentan también chatarrerías y algunas empresas de reformas.
Además, en la zona se entrecruzan una gran cantidad de caminos, lo cual facilita la furtividad necesaria para arrojar los vertidos ilegales. Los vecinos señalan como las zonas más afectadas, precisamente, los alrededores del centro de reciclaje y un paraje pegado al río Jarama.
Desde Ecologistas en Acción aseguran que ellos han denunciado, por ejemplo, la existencia de una zona donde continuamente se arrojan restos de frigoríficos, al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), y que el Ayuntamiento también conoce la situación por denuncias vecinales en las redes sociales. Sin embargo, el problema sigue sin atajar (la imagen de las neveras que encabeza este texto fue tomada el pasado jueves).
De nuevo, el Ayuntamiento insiste en que hace todo lo que puede dentro de sus posibilidades —González, la concejal de Medio Ambiente, asegura que han pedido ayuda al Gobierno regional, pero que todavía no han recibido respuesta— y de la enorme dificultad de vigilar esa enorme extensión con todo ese laberinto de caminos. “Hemos lanzado una campaña para concienciar a los vecinos de que hay que mantener limpio el entorno, les pedimos que nos avisen si ven vertidos o si ven a quién los hace”, añade González. Varios vecinos de la zona afectada, que prefieren no dar su nombre, aseguran sin embargo que sus quejas han sido permanentemente desatendidas y que las limpiezas son, en realidad, entre escasas y nulas.
Viviendas irregulares
María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, añade que se trata de un problema especialmente delicado, y que se puede convertir en un asunto de salud pública si se suma a la presión que sufre ya la zona. Se refiere a las alrededor de 800 viviendas irregulares levantadas allí en las últimas décadas y que, aunque pagan tasas, carecen de acceso al alcantarillado, lo que causa situaciones de contaminación y de insalubridad por la acumulación de fosas sépticas, de pozos negros e, incluso, de vertidos hechos directamente al río.
Desde la oposición municipal reclaman al equipo de gobierno “medidas no solo paliativas, sino de control”, dice Ana Sanz, concejal del grupo Somos Vecinos de El Molar. “Es una vergüenza el estado en el que se encuentran esas zonas del municipio, ya que no solo muchas de ellas están en situación irregular, sino que los vertidos y los residuos incontrolados suponen un riesgo medioambiental muy grave”, coincide con los ecologistas.
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