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La investigación del ‘caso Taula’ revela cómo operaba la red de corrupción de Valencia

El juez levanta el secreto sobre la parte que afecta a los contratos de Cultura con varios empresarios

Rita Barberá
Rita Barberá

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL PAÍS revela que María José Alcón, exconcejal de Valencia cercana a Rita Barberá e imputada en el caso de las mordidas del 3% mantuvo un modo de actuación especifico "que se repetiría de forma reiterada en el desarrollo de varios contratos" relacionados con el departamento que dirigía, influyendo de forma directa en los concursos "con el fin de que la empresa adjudicataria fuera la que se hubiera acordado previamente".

El juez de Valencia Victor Gómez, que instruye el caso Taula, una trama que se extendió por varias Administraciones locales, ha despejado cualquier duda sobre las presuntas "comisones o mordidas" que se aplicaron desde la concejalía de Cultura que dirigía Alcón. La esposa del exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, aparece en las conversaciones sobre la aceptación de pagos por comisiones y regalos.

En las conversaciones grabadas de las que dispone el juez se mencionan varios contratos de servicios relacionados con la Mostra de Cine de Valencia del año 2006. Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, empresa de la Diputación de Valencia, y ahora colaborador de la Fiscalía, habría tenido un doble papel, según la investigación, ya que habría actuado como intermediario entre el departamento de Alcón y las distintas sociedades que se presentaban a los concursos, siendo el principal canal de comunicación entre ésta y los empresarios.

Al tiempo se encargaba de recibir las comisiones y de realizar la entrega de dinero a la concejal. Aunque en una grabación, destaca el informe, el reparto también incluye al Partido Popular (PP).

Alcón y Benavent llevaron a cabo la "adjudicación fraudulenta con el ánimo de obtener un beneficio económico y no respetando los principios generales que deben regir la contratación pública", señala el informe, que ha provocado que el juez haya decidido incoar pieza separada sobre los supuestos amaños a cambio del pago de comisiones.

Para la UCO el modus operandi era casi siempre el mismo. No se trataban de actuaciones puntuales. "Era la forma de obrar de sus partícipes". Aunque parece que Benavent habría desarrollado otras actividades similares en otros ámbitos de la Administración, "siendo su intervención en dicha concejalía una parte de la mismas".

El concurso para contratar las obras de limpieza y mantenimiento de las fachadas interiores y exteriores de la Lonja de Valencia fue adjudicado a la empresa Estudio Métodos de la Restauración, en noviembre de 2003 por un importe 1.027.674 euros, IVA incluido. El contrato se amplió en más de 400.000 euros, es decir, el 43,60% de incremento respecto al anterior. Benavent reconoció que Carlos Vicente Gil, representante de la empresa y uno de los 12 imputados (antes investigados) en esta pieza separada del caso Taula, le entrego una comisión de 9.000 euros por la adjudicación. Y éste, a su vez, se la habría entregado a Alcón.

La UCO también investiga las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart, que se concedió por más de un millón y medio de euros a una UTE formada por Cleop y Contratas y Obras Empresa Constructora. La mordida en este caso ascendió a 20.000 euros, de los que Benavent habría entregado 10.000 euros a Alcón, quedándose 5.000 y dejando otros tantos "para el partido".

La ejecución de las obras de conservación y restauración de los puentes de Serranos y de la Trinidad, fue, de nuevo, a parar a Estudio de Métodos de la Restauración en febrero de 2007 por un importe de 2.357.951 euros. La comisión que abonó la empresa fue del dos o tres por ciento "no recordando la cantidad exacta" Carlos Vicent, representante de la compañía, también imputado.

La explotación del centro cultural La Rambleta y la Mostra de Valencia también están siendo investigados por la Guardia Civil.

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