La DGAIA elude responsabilidades en el caso de abusos a menores tutelados

La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA), dependiente de la Generalitat, negó este viernes cualquier responsabilidad en el caso de los adolescentes tutelados que acabaron siendo captados por un ciudadano francés que lideró supuestamente una red de producción y distribución de pornografía infantil por todo el mundo. El director del organismo, Ricard Calvo, cifró en siete los menores que estaban en centros de Tortosa y Amposta y que acabaron sufriendo abusos. La consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, comparecerá en el Parlament cuando se retome el curso político para dar explicaciones después de que la oposición lo pidiese ayer.

Calvo contó también que dos de los menores entraron en contacto con la red antes de estar bajo la custodia de la Generalitat lo que, según este, podría haber influido en la captación del resto. En total, 80 menores aparecen en las imágenes recopiladas por la policía catalana y la Guardia Civil, de los que han identificado a 29. 26 son de Cataluña, y el resto, de Valencia. Otras fuentes elevan a 11 la cifra de menores tutelados que fueron víctimas de abusos de una red que lleva operando hace al menos 15 de años, de los que ya solo seis continuarían siendo menores.

En declaraciones a los medios, Calvo felicitó a los técnicos de la Generalitat que denunciaron el caso a los Mossos d’Esquadra y les “pusieron sobre la pista”. Fue precisamente el relato de uno de estos menores a una técnico del Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) lo que hizo saltar las alarmas. Explicó que varios jóvenes subían al piso de Jean Luc A., en Tortosa, donde mantenían relaciones sexuales y les grababan. La profesional lo denunció a los Mossos, lo que supuso el inicio de una investigación que ha durado 14 meses.

Calvo y el secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesies, señalaron que el grupo desarticulado por la policía tenía amplia experiencia en detectar y seducir a sus víctimas “potenciales”. Se trata de adolescentes de familias desestructuradas, a los que el grupo pagaba, o daba alcohol y drogas. Algunos no sabían que les grababan, pero los detenidos se valía de cámaras ocultas en los pisos.

“Se les protegió bien, se detectó el riesgo”, insistió Calvo, y sostuvo que se aplicaron todos los protocolos. Y advirtió además que es “imposible” evitar el “riesgo” de que jóvenes en desamparo puedan acabar viéndose captados por una red internacional. Los menores tutelados están en centros abiertos, de los que salen para asistir a clase, o hacer cualquier actividad normal de un adolescente.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, abrió el miércoles una investigación de oficio para conocer los detalles de este caso y, en todo caso, la responsabilidad de la DGAIA. A él se sumaron el jueves las peticiones de Ciutadans, PSC, PP y Catalunya Sí que es Pot de que Bassa compareciese en el Parlament ante la gravedad de la situación.

Fuentes policiales señalan que la actuación de la DGAIA fue clave para poder desarticular el grupo. La policía catalana y la Guardia Civil detuvieron entre mayo y julio a siete personas, acusadas de formar parte del grupo de producción y distribución de pornografía. Hasta ahora, no ha conseguido que ninguno de los menores identificados denuncie. E incluso algunos de ellos han pasado a formar parte de la red, después de haber sido víctimas.

En total, cuatro de los siete detenidos tenían antecedentes por pedofilia y hechos similares. Uno de los dos detenidos en Valencia, José C., fue arrestado en 1994 por el Cuerpo Nacional de Policía por lo mismo: formar parte de una red que producía pornografía infantil y la distribuía a Estados Unidos y Francia. Entonces fue condenado a seis años de prisión. Durante el juicio, admitió abiertamente ser pedófilo. 22 años después, la policía le ha vuelto a detener por lo mismo.