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Buesa ingresó el doble en contratos públicos tras las donaciones a CiU

El sumario revela que el empresario influía en responsables de CiU para nombrar altos cargos

Gustavo Buesa, durante su comparecencia en el Parlament.
Gustavo Buesa, durante su comparecencia en el Parlament.

Los negocios del empresario Gustavo Buesa en el sector público florecieron cuando regó las finanzas de Convergència i Unió (CiU). Entre 2007 y 2009, Buesa donó más de medio millón de euros a fundaciones afines a la federación nacionalista. En ese periodo, “los ingresos generados por su empresa” mediante contratos con administraciones públicas “se incrementaron en un 87%”, señala la Fiscalía Anticorrupción en el sumario de la operación Trueno, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El empresario fue detenido hace dos semanas por el presunto amaño de un contrato millonario para la gestión de las basuras en Lloret de Mar. Los papeles revelan también que Buesa tenía “influencia en el nombramiento” de “altos cargos en instituciones del Gobierno catalán”.

Las empresas de Buesa -exsocio de Jordi Pujol Ferrusola- gestionan los residuos de Lloret desde 1995. El Ayuntamiento, ya en manos de CiU, prorrogó el contrato hasta 2011. Poco antes de las elecciones municipales de ese año, “y ante el riesgo de cambio de gobierno en la alcaldía”, señala Anticorrupción, el pleno aprobó un concurso para adjudicar la limpieza de calles y playas y la gestión de residuos. La investigación considera que el concurso está plagado de irregularidades y que se hizo a medida para GBI Serveis, la empresa de Buesa, que ganó un contrato de 80 millones —fue la única empresa que se presentó— durante diez años.

El sumario de la operación Trueno recoge las declaraciones de un ingeniero del Ayuntamiento de Lloret que debía contactar con asesorías externas para diseñar el proyecto. No pudo. El interventor, Carlos Arbó, y el secretario, Rafael García —ambos detenidos e imputados— “obstaculizaron” su labor. El técnico llegó a presentar dos ofertas de empresas, que “quedaron paralizadas”. Finalmente, él mismo fue amenazado con un expediente y abandonó el proyecto. Anna Taulet, funcionaria en prácticas, redactó el proyecto pese a que “no tenía capacitación profesional ni experiencia”.

Los funcionarios implicados redactaron un pliego “acorde con la conveniencia” de GBI, subraya Anticorrupción. El concurso se convocó de forma urgente, limitando a 40 días el plazo para otras ofertas y sin publicarlo en el Diario Oficial de la UE. GBI se presentó en solitario y lo ganó: 7,9 millones por año durante una década. Los investigadores creen que en 2008 se amañó otro concurso (por 29,5 millones) sobre un centro de tratamiento de residuos. GBI lo ganó pese a que un informe jurídico “revelaba la ilicitud de dicha adjudicación”.

La operación Trueno dibuja un escenario de favores mutuos e influencias cruzadas entre Buesa y los cargos de Lloret. GBI dio trabajo a los dos hijos del interventor; era el principal proveedor de un consorcio sobre residuos que tenía como asalariado al secretario municipal; e incluso contrataba sus seguros a una empresa que, a su vez, tenía como cliente a Ignasi Riera. Este último era concejal de Medio Ambiente de Lloret y propietario de IRG Mediasegur, dedicada a la tasación de seguros.

Un favor a Santi Vila

Las conversaciones telefónicas del caso Clotilde —que acabaron con la condena al exalcalde de Lloret, Xavier Crespo, a inhabilitación por dar trato de favor a un empresario ruso— han arrojado más pistas sobre los negocios de Buesa y su poder de influencia en altos cargos de CiU. Robert Fauria, también imputado, ejercía en 2013 como presidente del Consejo Comarcal de La Selva. Tenía, por tanto, “competencias en materia de residuos en zonas donde” GBI “ha sido beneficiada con adjudicaciones”, apunta la Fiscalía.

Fauria se postulaba entonces par ocupar el cargo de director general de la Agencia Catalana de Residuos. Y pidió a Josep Valls, concejal de Urbanismo en Lloret, un favor: mediar ante Buesa para que el empresario, a su vez, hiciese valer su peso ante cargos de CiU. Y, en concreto, ante el consejero de Territorio, Santi Vila.

“Por el teléfono me jode pero es igual. Te explico un tema porque hace días quería comentártelo. Tiene que ser ya, inmediatamente (...) A mí me propusieron para ser director de la Agencia de Residuos. No hace falta que te diga que me haría gracia y más siendo un tema que ya he tocado (...) Pero cuando llegas a este nivel hay muchos golpes de codos. Oriol Pujol lo veía bien, Santi [Vila] también y me consta que Felip [Puig] también. Pero en Tarragona me dan coces”. Ante las dificultades, Fauria pide ayuda: “Me da cosa llamar a Buesa y pedirle este favor, ¿sabes? Por eso, si tú pudieras hacerle una llamada...”, reclama a Valls. “Dile”, añade, “que tengo posibilidades y desde la comarca también interesa estar representados allí, y [Buesa] ya me entenderá perfectamente”. Unos días más tarde, Valls le devuelve la llamada: el empresario le ha transmitido que “la semana que viene tiene una comida con Santi Vila”. El nombramiento de Fauria no se materializó.

Camiones de Lloret acabaron en Rumania

El juzgado de Blanes que investiga el caso atribuye a los imputados prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, entre otros. Este último delito tiene que ver con el uso indebido de los camiones de la limpieza de Lloret de Mar. Según la Guardia Civil, Buesa hacía una “libre disposición de los vehículos” adscritos a ese servicio. La investigación constata que los camiones debían pasar a manos del consistorio una vez acabado el contrato. En lugar de eso, las empresas de Buesa los utilizaban para prestar el mismo servicio de gestión de residuos en otros municipios de Cataluña... e incluso de Rumania. Uno de los tres vehículos afectados es un camión portacontenedores, marca Iveco, que consta matriculado en la ciudad de Medgidia-Constanta, donde Buesa tuvo al menos hasta 2014 (así consta en su página web) la concesión de la limpieza.