La Generalitat se persona contra un detenido del ‘caso 3%’

La Generalitat, a través de su empresa Infraestructures.cat (antigua Gisa), se ha personado en la causa judicial sobre la actuación del que fuera director general de la sociedad, Josep Antoni Rosell, detenido e investigado en la operación Petrus, también conocido como caso 3%.El vicepresidente económico del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, desveló ayer en el Parlament esa decisión, ejecutada el pasado 27 de mayo, tres meses después de que el directivo fuera despedido de la compañía pública.

El juez sospecha que Rosell jugaba un papel esencial en la modificación de ofertas de obras públicas para que un determinado grupo de empresas se las adjudicaran a cambio de supuestas comisiones a Convergència Democràtica. Rosell fue detenido el mismo día que se registró la sede del partido en búsqueda de pruebas sobre las relaciones entre la formación, las constructoras y la Administración.

La situación de Rosell en Infraestructures.cat ha sido un foco de polémicas en Infraestructures.cat, la principal adjudicadora de obra pública de la Generalitat. Fue su director general hasta su detención, en octubre. Tras ella, su cargo fue suspendido, aunque después se le ofreció la responsabilidad de asuntos internacionales e innovación y desarrollo, que Rosell rechazó. Con el cambio de Gobierno y la entrada de ERC (a través de Junts pel Sí) se decidió su despido. El expresidente de la compañía pública, Joan Lluís Quer, trató de cesarlo en dos ocasiones anteriores sin éxito, por las conexiones de su número dos con el partido.

En su intervención, Junqueras marcó distancias con el anterior Gobierno catalán (de Convergència) respecto a este caso, recordó que el consejo de administración de Infraestructures.cat decidió rescindir el contrato de Rosell a finales de febrero y destacó que se ha reformado el sistema de puntuación técnica de las ofertas.

En este punto, Junqueras aseguró que el nuevo presidente y consejero delegado de la empresa, Joan Jaume Oms, “ya no forma parte de la Mesa de Contratación” de la empresa y es “ajeno” a cada licitación. Además, destacó que se ha establecido un nuevo sistema de puntuación que introduce la “responsabilidad mancomunada de todos los componentes” que participan en la “valoración técnica” de las ofertas, y que el nuevo sistema documenta también cualquier cambio de criterio que se haga.

Aunque con sus respectivos matices, el conjunto de grupos de la oposición aplaudieron los cambios hechos por el Govern en la empresa pública para garantizar que no haya parcialidad a la hora de valorar una oferta.