El Gobierno reprocha a Colau que intente decidir la política de inmigración

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado hoy que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, puede "decir todo lo que quiera" pero a ella no le compete decidir cómo se gestiona la política migratoria y la expulsión de extranjeros en situación irregular. Colau ha respondido con contundencia en su cuenta de Twitter: "Moncloa puede decir lo que quiera, pero tenemos competencias en materia de licencias y también de DDHH, y los ejerceremos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría se había pronunciado así sobre el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona decretado por la alcaldesa de Barcelona y la posterior reapertura del mismo por parte de la Delegación del Gobierno.

La vicepresidenta del Ejecutivo ha explicado que el Ayuntamiento tiene competencias en materia de apertura o mantenimiento de las instalaciones, pero entre ellas no figura la gestión de la política migratoria. Esa es una competencia del Gobierno central, que "tiene la obligación de llevar a cabo la expulsión de ciudadanos en situación irregular que tiene que cumplir y para eso tiene que haber centros".

La vicepresidenta del Ejecutivo ha recordado que el modelo de los centros está en el ordenamiento jurídico español desde el año 2000 y es acorde al derecho comunitario, por lo que ha emplazado al Consistorio que dirige Ada Colau a "cumplir la normativa". Además, ha recordado que una medida cautelar de privación de libertad es siempre excepcional, siempre acordada por el juez, siempre se adopta bajo control judicial y supervisada por el Ministerio Fiscal.

El concejal de Cooperación del Ayuntamiento de Valencia, Roberto Jaramillo, de València en Comú, ha mostrado su solidaridad con la alcaldesa de Barcelona: “Hay que buscar fórmulas para defender a los que no pueden defenderse”.

El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó en noviembre de 2015 una declaración institucional instando al Gobierno español al cierre del CIE de Zapadores con el apoyo de la coalición del Gobierno local –Compromís, socialistas y València en Comú-, la abstención de Ciudadanos y la oposición del Partido Popular. El Ejecutivo que preside el alcalde Joan Ribó encargó hace un año a los servicios jurídicos municipales que estudiasen si el Consistorio tenía competencias sobre el centro de internamiento ubicado en la capital y, ante un informe positivo, enviaron a los inspectores a revisar el centro de Zapadores pero la Policía Nacional entendió que las competencias son exclusivamente del Estado y no les permitió la visita. El Consistorio no ha cejado en su objetivo inicial y defenderá las competencias municipales sobre el CIEs de Zapadores en cuestiones como la salubridad, la disciplina urbanística o las licencias.