Colau amenaza a Airbnb con multas de 600.000 euros

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se dispone a endurecer la lucha contra los pisos turísticos ilegales, un fenómeno que considera que provoca problemas de convivencia, fomenta la especulación, encarece el mercado inmobiliario y expulsa vecinos. El consistorio ha presentado este martes un "plan de choque para combatirlos con contundencia" que entre otras cuestiones prevé endurecer las multas a portales como Airbnb o Homeaway con hasta 600.000 euros si siguen anunciando pisos sin licencia para operar como apartamentos turísticos. Hasta ahora, y tras un año de trámites, se les ha puesto una multa (no cobrada por ahora) de 30.000 euros.

El endurecimiento de las multas, que también afectará a los particulares que en su nombre o de alguna sociedad alquilen pisos ilegalmente a turistas, pasa por aplicar la Ley de Turismo de la Generalitat en vez de la del Derecho a la Vivienda. La ley de Turismo contempla sanciones que oscilan entre 30.000 y 600.000 euros en caso de infracciones muy graves, como la reincidencia. El consistorio, con todo, no tiene recuento de las multas cobradas, aunque explica que hay propietarios que prefieren pagar y seguir lucrándose con el alquiler a turistas.

En una comparecencia conjunta de los concejales de Urbanismo, Turismo y Ciutat Vella, los tres han defendido la "tolerancia cero respeto a una actividad ilegal en la ciudad que acaba con el uso como vivienda de los pisos de la ciudad", en palabras de la teniente de alcalde Janet Sanz. El plan de choque prevé reforzar el equipo de inspectores con ocho más y 20 "visualizadores" que identifican pisos ilegales. También prevé entrevistar a vecinos y turistas para detectar pisos ilegales. En el caso de los vecinos se les preguntará en la calle si conocen casos y se les invitará por carta a luchar contra el fraude. En el caso de los visitantes, se les invitará a que faciliten información sobre los pisos donde se alojan, como el contrato.

La lucha contra la oferta ilegal de alojamientos es muy compleja y pasa también por compartir información con la Agencia Tributaria, a quien el Ayuntamiento puede notificar la existencia de un piso que opera sin licencia, para que Hacienda compruebe si su propietario tiene ingresos no justificados.

Todos estos mecanismos, con todo, se dilatan mucho en el tiempo. Lo demuestra que desde 2015 y tras 6.000 inspecciones, el consistorio solo ha logrado cerrar 38 pisos turísticos. Mientras, el consistorio ha dictado 604 órdenes de cese y hay 29 precintos en trámite. El resultado del rastreo con arañas informáticas de la oferta de los portales ha dado como resultado que seis webs han dejado de anunciar pisos sin licencia; otro ha facilitado un listado de direcciones pero sigue anunciándolos, por lo que se le ha multado con 30.000 euros; nueve no han dejado de anunciarlos y también serán multados; y quienes ya lo han sido Airbnb y Homeaway, que son los que más oferta tienen. Desde Hacienda se han impuesto casi 800 sanciones y se están inspeccionando a 3.000 contribuyentes.