La crisis de las grabaciones evidencia la debilidad de Antifraude

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) camina hacia un futuro incierto. Tras la muerte de su primer director, el fiscal David Martínez Madero, en 2011, se cuestionó a este organismo e incluso se barajó su cierre, pero ningún partido parece que aboga ahora por ese escenario. Tras la difusión de sus grabaciones con el ministro del Interior, el actual director, Daniel de Alfonso, ha defendido que su continuidad en el cargo es la única vía para garantizar la lucha contra la corrupción en Cataluña. Los números de Antifraude, sin embargo, apuntan en otra dirección. En sus años de mandato, la Fiscalía de Barcelona ha archivado una veintena de denuncias (la inmensa mayoría) al considerarlas endebles o carentes de pruebas.

En sus manifestaciones públicas estos cinco años —entrevistas, comparecencias en el Parlament— De Alfonso ha sido un enardecido defensor de la causa de Antifraude. No solo como órgano que fomenta la prevención y la formación en materia de corrupción, sino también por el valor intrínseco de sus investigaciones. La difusión de las conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, revelan en cambio que algunas de las pesquisas estaban movidas por intereses políticos y particulares de De Alfonso.

“Les hemos dado en todos los morros con Ramón Bagó, les hemos destrozado el sistema sanitario, les hemos acusado, estamos jorobándoles el CTTI [Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació]. En fin, yo soy español, lo tengo claro”, dice en uno de los fragmentos el director de la OAC, que se pone “a las órdenes” del ministro y le da cuenta detallada de los expedientes en marcha. Dos circunstancias que chocan frontalmente con la normativa que regula Antifraude y que abren dudas sobre su labor.

En las grabaciones, De Alfonso hace valer su papel de adalid contra la corrupción. Las investigaciones que ha dirigido, sin embargo, están lejos de haber “destrozado el sistema sanitario catalán”, En el caso de Ramon Bagó (presidente del grupo Sehrs), la Fiscalía admitió inicialmente la denuncia de Antifraude por irregularidades en adjudicaciones, pero la acabó archivando.

En 2005, el expresidente catalán Pasqual Maragall mencionó “el 3%”, una alusión al cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. De ahí nació la necesidad de crear un organismo independiente contra el fraude, que vio la luz, luego de no pocas dificultades, en 2008. Martínez Madero, un fiscal implacable en la lucha contra la corrupción y el crimen, fue nombrado su primer director con José Montilla como presidente. Todo cambió con su repentina muerte tres años más tarde, que obligó a votar a un nuevo candidato. El magistrado Daniel de Alfonso fue el elegido por la mayoría del Parlament a propuesta de Artur Mas, después de varios meses de vacío en el cargo y ante la imposibilidad de consensuar un sustituto.

El relevo de De Alfonso hace prever que durante meses se puede repetir esa situación de provisionalidad a la espera de consensuar un nombre que requiere tres quintas partes de los diputados del Parlament en primera votación (81) o mayoría absoluta en segunda (68). Junts pel Sí tiene 62 escaños, con lo que bastaría el pacto con cualquiera de los otros grupos para poder nombrar al nuevo director.

Pese a sus esfuerzos por congraciarse con altos estamentos políticos, judiciales y policiales, nunca ha contado con la confianza de la Fiscalía. De 2011 a 2015, Antifraude entregó 25 denuncias en Barcelona, de las que 19 fueron rechazadas de plano por falta de indicios. Las polémicas, además, han acompañado a su gestión. La última, la designación de Maite Masià como su número dos en el organismo. Masià, publicó El Mundo, cobró 70.000 euros en dietas en su anterior cargo como directora del Instituto de la Energía.

La difusión de las conversaciones ha roto el silencio que reinaba dentro de Antifraude. Durante su comparecencia en el Parlament, un grupo de trabajadores presentó un escrito para desmarcarse de De Alfonso y, al mismo tiempo, defender el buen hacer de los más de 50 profesionales que trabajan en la oficina. Fuentes de este organismo, que piden el anonimato, aseguran que De Alfonso ha impuesto un régimen de trabajo personalista, en el que niega a otras personas la capacidad para intervenir en los asuntos. Esas fuentes están “alarmadas” ante la posibilidad de que De Alfonso vuelva a ocupar su puesto el lunes (su destitución no se producirá hasta bien entrada la próxima semana) y piden al Parlament que impulse algún mecanismo para apartarlo de forma inmediata.