La travesía del desierto de Unió

Unió Democràtica está haciendo su travesía en el desierto. El partido democristiano intenta salir como mejor puede del choque que supone pasar en cuestión de meses de estar en el Gobierno a ser una fuerza extraparlamentaria. Adeuda 19 millones de euros, está en preconcurso de acreedores y se ha quedado sin caras visibles en las instituciones.

Por todo ello, Unió decidió no presentarse a los comicios del 26-J y por primera vez, no participará en debates ni tendrá espacios electorales, al carecer de representación. La formación prefiere aprovechar el tiempo para reinventarse y ha introducido un sistema de primarias para elegir a un candidato que consolidará en el congreso previsto para julio. En los dos últimos meses, han abandonado el partido el eurodiputado Francesc Gambús, el hasta ahora vicesecretario general Antoni Font y el coordinador de la consulta del 9-N, Joan Cañada.

“Nos tenemos que reequilibrar. Hemos salido de dos convocatorias difíciles y vamos a usar este tiempo para fortalecernos”, aseguran fuentes del partido. De todos los frentes abiertos, el más grave es el económico. Unió está negociando una quita con los acreedores -principalmente bancos- en el plazo que dura el preconcurso: tres meses más uno de prórroga. En julio cumple el tiempo y si no está resuelto entonces será la administración judicial la que se haga cargo de un concurso de acreedores en toda regla.

Para afrontar la deuda de 19 millones de euros, Unió contempla como vía de ingresos la venta de su sede en la calle Nàpols de Barcelona, que según reconoce la formación, está valorada en ocho millones por la inmobiliaria. El problema es que, aunque consiga venderla faltarían otros 11. Acudir de nuevo a las urnas le hubiera supuesto pedir otro crédito -la mayoría los tiene con La Caixa- y arriesgarse a que no se lo dieran por ante la previsión de ni conseguir grupo parlamentario. También tiene cortado el grifo de las donaciones de empresas que recibía en la época de vacas gordas -unos 2,2 millones-, cuando grandes corporaciones confiaban en que Josep Antoni Duran i Lleida actuara de lobby en el Congreso.

Las deudas de Unió son un misterio inexplicable, teniendo en cuenta que llegó a tener cuantiosos ingresos. Según un informe del Tribunal de Cuentas, de las subvenciones que recibía en las Cortes españolas, Unió siempre se llevaba un millón de euros más de lo que le tocaba por representación real dentro del grupo de CiU por su mala situación económica. De hecho, Convergència les reclama ahora 1,8 millones que el partido no solo no reconoce, sino que atribuye a decisiones de los convergentes. Algunos dirigentes de este partido siempre han criticado que en el reparto de cargos y dinero siempre se le asignara un 25% de la coalición cuando en realidad en militancia Unió representaba mucho menos.

La segunda parte del problema económico, los gastos, también es complicada. Los trabajadores del partido llevan dos meses sin cobrar, según explicaron la semana pasada, y no saben cuándo se pondrán al día con las nóminas. Solo les han informado de que podrán pagarles cuando se venda la sede. Además del salario, los trabajadores también reclaman las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo que el partido.

De momento, Ramón Espadaler, secretario general, y Montserrat Surroca, portavoz, asumen el liderazgo. Las últimas bajas han sido dolorosas. Gambús se fue del partido -aunque no renunció al escaño- alegando que “hay gente quiere seguir condicionando la vida del partido y desmontando los procesos de regeneración”.

A la formación solo le queda un puñado de concejales en los ayuntamientos, donde no se ha formalizado la ruptura con CDC. Unió no quiere desvelar cuántos para no pugnar con Demòcrates, la escisión independentista.