El Gobierno busca acercarse a la CUP con los impuestos anulados por el TC

Justo a punto de cumplirse el ecuador de la campaña, el Gobierno catalán anunció ayer su intención de recuperar cinco tributos que gravarán, básicamente, a la gran empresa. Entre ellos, dos de los que la CUP reclamó en las negociaciones que llevó a cabo con Junts pel Sí para sacar adelante los Presupuestos —finalmente vetados—: el impuesto a los depósitos bancarios y el que grava a las centrales nucleares. Según un comunicado del Departamento de Economía y Hacienda, el Gobierno catalán prevé iniciar la tramitación antes del 31 de julio, de forma que a la vuelta de las vacaciones de verano, el Parlament pueda asumir los trabajos.

Esos dos impuestos fueron anulados por el Tribunal Constitucional (TC). Pese a ello, la CUP presionó para que se incorporaran en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, a lo que Junts pel Sí dio finalmente el visto bueno, tras resistirse en primera instancia, en un intento de desbloquear las cuentas autonómicas. En el caso de la tasa que grava a las entidades financieras, la Generalitat analiza la fórmula para que sea compatible con el que aprobó el Gobierno central después que lo hiciera el catalán.

La Dirección General de Tributos de la Generalitat, además de recuperar los tributos revocados, también prevé modificar la tasa que pagan los usuarios de alojamientos turísticos, el impuesto que afecta a las grandes superficies comerciales y el que grava a las aerolíneas. En esos casos se trata, según explica la consejería, de adaptarse a la normativa comunitaria. En el caso del primero se trata de cambios formales que se habían intentado tramitar a través de la Ley de Medidas Fiscales. El tributo de grandes superficies comerciales lo modificarán para que se convierta en un tributo ambiental.

Sin cuentas posibles para este año, el Gobierno catalán tiene otros objetivos. El principal, salvar la cuestión de confianza a la que se someterá en septiembre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Si no logra el apoyo o la abstención de otro grupo político, el Parlamento tendría que elegir a otro presidente o convocar otras elecciones. Tanto los dos tributos revocados por el TC como los otros dos que plantea ahora el Gobierno son un guiño a las fuerzas de izquierdas, desde la CUP a Sí que Es Pot.

Ese intento de aproximación sorprende dado que Convergència está lanzando duros reproches a la CUP durante la actual campaña electoral por haber bloqueado los Presupuestos y haber roto el acuerdo de estabilidad que daba vida parlamentaria al Gobierno. Los convergentes, con Artur Mas y Francesc Homs a la cabeza, incluso han arremetido contra ERC por ser condescendientes con el plantón de la CUP.

El comunicado remitido ayer por Economía confirma que los republicanos intentan mantener los puentes con el partido anticapitalista para asegurar la continuidad de la legislatura, aunque esa opción se podría ampliar a otras fuerzas de izquierdas.