Sanidad denuncia contratos irregulares en el Hospital Provincial de Castellón
La consejería sospecha que una trama pudo facturar hasta 25 millones de euros de manera irregular
La Generalitat valenciana ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción un conjunto de facturas que revelan presuntamente una trama de corrupción en el Hospital Provincial de Castellón de un total de 25 millones de euros. En concreto, Sanidad ha aportado un total de 4.713 facturas que corresponden a los periodos de Carlos Fabra y de Javier Moliner al frente de la Diputación de Castellón.
Las facturas con la empresa PIAF, que suman un total de 5,5 millones, corresponden sobre todo a la etapa de Carlos Fabra en la presidencia de la Diputación de Castellón, ha indicado la consejera, mientras que las de Telecso (6,5 millones de euros), gestionada por un familiar directo de Alejandro Pons, son de la etapa del actual responsable de la corporación provincial, Javier Moliner.
La investigación se centra en el periodo de 2006 hasta 2015 y el departamento de salud alude a prácticas irregulares en contratos de mantenimiento e infraestructuras con cobros muy por encima de los contratos, facturas sin expedientes de contratación e incluso sospechas de que hay trabajos sin realizar, ha explicado la consejera de Sanidad Universal, Carmen Montón.
Uno de los propietarios de Piaf, Alejandro Pons, confesó los hechos en el marco de la investigación de la pieza separada del caso Gürtel en la que está acusado de financiar al Partido Popular de manera irregular. Pons, que ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en el que reconoce que pagó más de 31.000 euros al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) para financiar sus campañas electorales. La empresa dejó su actividad cuando comenzó a ser investigada y entonces se constituyó Telecso, propiedad de su hijo.
Así mismo, los dueños de Piaf también están siendo investigados en los juzgados de Vila-real por el pago supuestamente irregular por parte del anterior alcalde de la ciudad, Juan José Rubert y un edil, Ramón Tomás, muy vinculado en su etapa política a Carlos Fabra.
Las empresas investigadas mantienen contratos con instituciones públicas castellonenses y en este sentido, Castelló en Moviment, la marca local de Podemos, ha pedido una auditoria de los contratos con el Ayuntamiento de Castellón. Según apuntan desde la formación asamblearia, Telesco es adjudicataria de tres contratos con el Consistorio de la capital de La Plana firmados en la época del Partido Popular para mantenimiento de alumbrado y de 34 colegios públicos por un total de más de 3,5 millones de euros.
El Hospital Provincial de Castellón fue uno de los peones políticos de Carlos Fabra durante su mandato en la Diputación. De hecho, la Fiscalía de Castellón estudia la adjudicación sin concurso de un contrato de alquiler de 3,5 millones de euros para la construcción de un Hospital de día en La Vall d'Uixó en unos terrenos propiedad de un amigo de Carlos Fabra.
La denuncia de la Consejería abarca también la época reciente del Hospital Provincial tras la entrada en prisión de Carlos Fabra. La sospecha se extiende hasta 2015, por lo que atañe a los cuatro años al frente de la Diputación de Castellón de Javier Moliner y de los consejeros de sanidad del gobierno de Alberto Fabra, Luis Rosado y Manuel Llombart.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado que “la sombra de Carlos Fabra es muy alargada” y ha calificado la denuncia como “un enorme robo a los intereses generales”. Puig también se ha referido al hecho de que “los casos de corrupción nos han dejado una hipoteca reputacional que nos va a costar mucho levantar”.
Por su parte, Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón ha solicitado a la Consejería que “le facilite las facturas que considera irregulares del Hospital Provincial para que sus técnicos también puedan analizarlas y así colaborar en la fiscalización de los documentos y actuar conjuntamente en el caso de que sea necesario”. Así mismo, Moliner ha explicado que “como parte afectada, junto a la consejera Montón, pedimos a la consejería las facturas que han presentado a Fiscalía. He dado la orden esta misma mañana para los que técnicos de la Diputación que analicen una a una las facturas en la búsqueda de irregularidades y, en el caso de que las haya, sumarnos a la Consejería de Sanidad en cualquier procedimiento”.
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