Solo dos miembros del consejo en funciones de Telemadrid continúan

La reforma de Telemadrid se ha marcado como objetivo despolitizar la cadena, profesionalizarla y, a ser posible, hacerla rentable, después de más de una década de críticas a su parcialidad, de caída de audiencias y crecimiento de deudas que culminó con un ERE declarado ilegal que casi acaba con ella. El cambio, incluido en el acuerdo de legislatura entre el PP y Ciudadanos que dio la presidencia a Cristina Cifuentes, debía ser tan radical, decían, que se redactó una ley completamente nueva para sustituir a la de 1984, la cual, tras unos meses de tira y afloja, vio la luz el pasado diciembre.

Ni el PSOE de Madrid ni Podemos la apoyaron, entre otras cosas, porque no estaban de acuerdo en la necesidad de fulminar el ente público para convertir la radio televisión madrileña en una sociedad anónima. Desde el Gobierno se argumentó que era una forma de modernizar y agilizar las decisiones empresariales para que la cadena pudiese competir en el mercado en igualdad de condiciones; el único accionista será la Comunidad de Madrid. Sin embargo, aparte del hecho de que tanto los bienes como la deuda de Telemadrid pasarán de ser de la Comunidad a ser de la futura empresa, a PSOE y Podemos les preocupa que se esté abriendo la puerta a la privatización o incluso al cierre.

Una consultora

Y, ahora, además, se quejan del quién y el cómo se está sacando adelante el proceso. También lo hace Ciudadanos, aunque ellos sí votaron a favor de la ley. Su diputado Ricardo Megías dice que se ha empezado la casa por el tejado al elegir un consejo de administración de una empresa que aún no existe. Se refiere al nombramiento a primeros de mayo de los nueve miembros del consejo que administrará la futura Telemadrid, pero esta aún no existe porque se tiene que liquidar el viejo ente público para crear la futura SA. Además, se queja de “falta de transparencia” en los últimos movimientos del Gobierno.

Estos han consistido en contratar (a cambio de 55.000 euros) a la consultoría Ernest & Young a través de Telemadrid para que diseñe jurídica y técnicamente el complejo proceso de liquidación del actual organismo y su traspaso a la nueva empresa. Esta deberá estar creada en la segunda quincena de julio. A partir de ese momento, empezará a trabajar el nuevo consejo de administración (nombrado en mayo) con dos encargos: redactar la carta básica que guía los objetivos y las formas de actuar del nuevo Telemadrid y elegir a su director general; tanto la carta como el director deben ser aprobados después en la Asamblea con una mayoría de dos tercios. De ese modo, el objetivo marcado es que el nuevo Telemadrid esté funcionando en noviembre, un mes antes de la fecha límite que marca la ley, asegura el viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero.

Y, mientras tanto, quien seguirá mandando en la cadena y pilotará su liquidación (por ejemplo, traspasando todos los activos y pasivos) es un mermado consejo de administración en el que solo quedan dos miembros de los ocho que comenzaron la legislatura —formalmente pues UPyD había renunciado en la anterior a colocar al que le correspondía—: cinco elegidos por el PP, dos por el PSOE y uno por IU. Este último, Borja Goñi, fue el primero en dimitir en julio pasado, porque su partido ya no estaba representado en la Asamblea. Desde entonces, se han ido sucediendo el resto de dimisiones, los tres del PP con argumentos “personales” o “profesionales” y los del PSOE en marzo, cuando el PP bloqueó el nombramiento de los futuros consejeros. La última ha sido, en las últimas semanas, Elena Cerezo, dejando solos a Pablo Arias y Manuel Soriano, ambos elegidos por el PP.

Ruiz Escudero asegura que dos informes jurídicos, uno interno y otro externo, aseguran que ese consejo en funciones, a pesar de estar así de mermado, está en condiciones de pilotar los cambios. El problema, sin embargo, es que ni a Ciudadanos ni al PSOE ni Podemos les gusta la idea de que ellos solos piloten nada. “Se trata del mismo consejo que está frenando cambios más profundos en los informativos y da pábulo a contrataciones a dedo”, protesta Pablo Padilla, de Podemos.

Soriano, avalado por la entonces presidenta Esperanza Aguirre, fue director general de Telemadrid entre 2003 y 2007 (etapa en la que se duplicó la deuda de la cadena) y desde entonces está en el consejo. Ciudadanos puso a Pablo Arias como ejemplo de politización del ente: trabajó para José María Aznar y es sobrino del expresidente de la Asamblea José Ignacio Echevarría.

A todos ellos se suma el director general que seguirá ejerciendo hasta, al menos, noviembre, Ángel Martín Vizcaíno, que ha sido uno de los artífices de la parrilla desde hace una década, tiempo en el que la audiencia ha caído a menos de la mitad.

Tanto Padilla como la diputada del PSOE Isaura Leal, se quejan además de los continuos incumplimiento de plazos marcados en la ley de Telemadrid (el nuevo consejo de administración debía estar nombrado en marzo y la carta básica debía estar lista este mes) y de la falta de transparecia en la contratación de la consultora Ernest & Young, a través de una empresa filial del ente Telemadrid. El viceconsejero Ruiz Escudero niega esa falta de transparencia: informó el pasado miércoles en la Asamblea, dos semanas después de la contratación.