Sancionado un médico por manipular datos de pacientes de hepatitis C

Se trata de una de las sanciones disciplinarias más altas que se recuerdan: dos años y 15 días de suspensión de empleo y sueldo por dos infracciones, una grave y otra muy grave, que Soriano presuntamente cometió entre finales de 2014 y principios de 2015. En aquellos meses, la tensión por las restricciones en el acceso a los fármacos de última generación contra la hepatitis C era máxima: los enfermos permanecían encerrados en un hospital madrileño y se manifestaban periódicamente en protesta por las dificultades para tener un tratamiento muy costoso pero con tasas de curación superiores al 90%.

Soriano no solo manipuló datos médicos de sus pacientes, sino que también hizo “un uso incorrecto de la historia clínica” al usar el número de historia de uno para tratar a otro que ni siquiera residía en España, según fuentes sanitarias. El abogado del médico, Fernando Abellán, asegura que la sanción es completamente desproporcionada. Soriano, explica, hizo solicitudes de autorización de tratamiento para 15 pacientes que cumplían los criterios clínicos para recibir los fármacos (cirrosis, complicaciones como hipertensión o coinfección con VIH...), pero en algunos casos faltaban datos y había errores porque las historias clínicas no estaban completas.

Soriano mantiene que con el traslado de su consulta desde el hospital Carlos III —el Gobierno de Ignacio González lo desmanteló para convertirlo en un centro de media y larga estancia— al de La Paz, perdió muchas historias clínicas de pacientes que trataba desde los años noventa. El médico alega que algunos enfermos aportaban analíticas hechas en otros centros o de otros especialistas y que por eso no ha podido acreditar algunos datos que incluyó en las solicitudes. La Consejería de Sanidad, en cambio, considera probado que incumplió las normas.

Sin daños

Ninguno de los pacientes para los que Soriano solicitó el tratamiento lo recibió antes de abril de 2015, cuando entró en vigor el Plan Nacional de Hepatitis C, entraron en el mercado nuevos fármacos que bajaron el precio y dejó de ser obligatoria la autorización previa de un comité de expertos centralizado. El escrito de propuesta de sanción, que es recurrible, reconoce que la conducta de Soriano no ha generado daños, ni para la Administración ni para los usuarios. Pero añade que “los hubiera producido y muy graves” sin la “diligencia de los demás profesionales intervinientes en el proceso”.

Sanidad asegura en el escrito que los datos incorrectos pudieron haber provocado el “riesgo de que un facultativo distinto al expedientado tuviera que asistir a estos pacientes contando para ello con datos que no eran reales”. “El perjuicio indiscutible —continúa Sanidad— era para otros pacientes que, de no haber confirmado la Comisión la veracidad de los datos referidos, no hubieran sido tratados o lo hubieran sido después de pacientes que estaban en una situación clínica mejor que la suya”.

Para los pacientes, sin embargo, esta no es una historia de manipulación maliciosa de datos clínicos, sino de una “gran injusticia” contra “un firme defensor del acceso de los pacientes con hepatitis C a los tratamientos curativos de última generación”. Así se expresa la Coordinadora estatal de plataformas de afectados por hepatitis C, que ha remitido una carta al consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, en la que le pide que “subsane el error” y “anule de inmediato el expediente sancionador” y le advierte de que tomará medidas “si persiste en la defenestración del citado doctor o de cualquier otro al que se quiera castigar” por procurar “el mejor tratamiento posible”.

José María Navarrete y su mujer, Leonor Sinaí, afectados por la enfermedad y pacientes de Soriano, también le defienden y creen el único interés del médico ha sido curarles. “Vive para sus pacientes y nos pide los tratamientos que cree oportunos, no los que le dicen que recete. Lo importante para él es que vivamos. A mí lleva 19 años salvándome la vida”, dice Sinaí.

La carrera de Soriano, conocido investigador y autor de centenares de publicaciones científicas en el campo del VIH-Sida, no se ha recuperado desde que, en 2012, fue expedientado por hacer ensayos clínicos sin autorización con más de 300 pacientes de VIH, tal como adelantó EL PAÍS. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le condenó en firme a pagar una multa de 210.000 euros en 2014. En 2013 fue denunciado por falsificar la firma de autorización de uno de esos ensayos. El caso se juzga la semana que viene. Soriano siempre se ha declarado víctima de una campaña de desprestigio.

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